LA CÁMARA DEL CRIMEN ELIGE A LOS ACOSADORES

Desde la Mesa de Mujeres repudiamos la reciente resolución emitida por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, favoreciendo al funcionario Sebastián del Gaizo con el archivo del expediente disciplinario en su contra, iniciado por actos discriminatorios, conductas violentas, maltrato laboral, hostigamiento, acoso sexual e intimidación, denunciado por las/os empleadas/os del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 14, Secretaría nro. 143.

Dicho resolutorio, viene a dar una muestra más, de la falta de perspectiva de género que tiene esa Cámara, como así también, del desconocimiento absoluto en materia de violencia y acoso en el mundo laboral, un flagelo para la igualdad de derechos entre varones y mujeres, y que no puede ser tolerado por ninguna autoridad administrativa, mucho menos por la judicial, que es en definitiva la que debería velar por su cumplimiento.

Sostener funcionarios violentos, es violencia institucional; llevar adelante sumarios secretos, es violencia institucional; no darle lugar a la víctima y apropiarse de su conflicto, es violencia institucional; enmascarar hechos de violencias en facultades organizativas, es mentir pero también es violencia institucional; en definitiva, llevar adelante procesos sobre violencia y acoso y no brindar los mecanismos adecuados para la resolución del conflicto, no solo es violencia institucional sino también pacto de impunidad.

Lo que nos sucede hoy como trabajadoras/es, es solo una muestra perversa de lo que le sucede a la ciudadanía en su conjunto cuando se acerca a la justicia a pedir ayuda en materia de violencia de género, les pedimos a las víctimas que denuncien y luego les ofrecemos invisibilización, violencia institucional y archivos.

Desde este espacio queremos decirle a las víctimas del caso, -que hoy se sienten totalmente desprotegidas, vulneradas y revictimizadas-, que las apoyamos, que no están solas/os y que las/os vamos a seguir acompañando; y a todas/os las/os trabajadoras/es judiciales, que continuaremos esta lucha ante la CSJN porque tiene que haber un cambio institucional sustancial, para que de una vez por todas haya una justicia con perspectiva de género.

No podemos permitir dejar impunes hechos de tal magnitud, es un compromiso de nuestra organización y también una obligación del Estado Argentino, la de quitar barreras para el acceso a la justicia, la que debe ser con mirada de género efectiva y no declamada, y comprometida en la eliminación de la violencia y la reparación a sus víctimas.

Sabemos que es posible, la disidencia de dos de los seis camaristas nos muestra una luz al final del túnel.

Resta señalar, que hace poco tiempo se inauguró una Comisión de Género en el ámbito de la Cámara Criminal –compuesta por (5) hombres y sólo (1) una mujer-, y si bien celebramos la creación de espacios donde se fomente el estudio de la temática; su composición mayoritaria de varones –que nos da muestra del techo de cristal-, requiere como mínimo una sensibilización y una capacitación específica en dicha materia, por lo que, sería muy auspicioso que al menos quienes integran esa comisión, den cuenta del cumplimiento de la Ley Micaela, 27.499, de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, pues difícilmente podrán cumplir efectivamente su labor cuando siquiera han dado cumplimiento a las disposiciones legales en la materia que los interpela directamente.

Fallos como el que hoy repudiamos, donde se desconocen leyes básicas en materia de género -y el tratamiento de procedimientos en la materia-, como la ley 26.485 de ‘Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres’, la ‘Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer’, la ‘Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer’, el Convenio OIT 190 sobre la Erradicación de la Violencia y el Acoso en el mundo del trabajo, entre tantas otras, nos muestra que no basta con contar con un espacio de difusión, sino que es sumamente necesario su sensibilización y consiguiente internalización para poder juzgar con una mirada no sesgada al momento de fallar. Esperamos que haya justicia en el superior, por las víctimas trabajadoras/es, por la ciudadanía que debe soportar funcionarios como el denunciado y por la justicia que tiene que aprender de una vez y para siempre a dejar de reproducir violencias.