LA REFORMA DE LA JUSTICIA FEDERAL

  • por Julio Piumato
    In
    Ago 19, 2020
    A fin de poder acercar las voz de los/as trabajadores/as judiciales a los/as Senadores/as de la Nación, quienes tienen en su poder la inmensa responsabilidad de sancionar las leyes que necesita el pueblo argentino, es que, en primer lugar, en atención a la acuciante coyuntura sanitaria, económica y social que vienen soportando nuestros compatriotas, es que manifiesta nuestro Secretario General, Julio Piumato, que no considera oportuno el momento para llevar adelante una reforma en la justicia, como la que se pretende con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

    Agrega así, con mucho pesar, que "los/as trabajadores/as judiciales no hemos sido partícipes en su elaboración, ni convocados a una discusión previa. Como dirigente sindical y como peronista, creo en la concepción de la participación de los/as trabajadores/as en el destino de la sociedad y la participación organizada en la gestación de todas las políticas públicas que tienen que ver con la vida nacional en su conjunto, y, en este caso, en particular, en el ámbito de la Justicia."

    La reforma judicial presentada no responde a las necesidades que tiene la justicia, la que se encuentra en emergencia desde hace mucho más de un año cuando el Consejo de la Magistratura de la Nación la decretó.

    Las necesidades son otras y de muchos tipos, de infraestructura, tecnológica, de personal, sin embrago ninguna de ellas se encuentra reflejada en este proyecto. El Estado argentino se encuentra hoy atravesando una de las peores crisis económicas de su historia, la que se ve agravada con la llegada de la pandemia. En la actualidad, el Poder Judicial de la Nación no cuenta con fondos suficientes para pagar los salarios de sus trabajadores de aquí a fin de año, resultaría por demás llamativo poder llevar a cabo esta reforma, sino es a costa de la salud de los trabajadores.

    Experiencias de malas leyes hemos atravesado muchas, con el gobierno anterior sin ir más lejos, se puso en funcionamiento el sistema de flagrancia sin medir su impacto, las consecuencias las tenemos a la vista, un sistema colapsado y sin resultados relevantes, sino solo datos que sirven para campañas políticas. Pensar en reformar la Justicia sin mantener un diálogo con sus trabajadores/as, es como tocar de oído, improvisar, y esto es algo que nosotros no podemos permitir; por es nuestra fuente de trabajo, porque es el sostén de nuestras familias y porque es el poder del estado que nos devolverá la dignidad, si la política se olvida de ello.


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