NO AL TRASPASO

El intento de traspaso de las competencias de la IGJ nacional -y federal- al ámbito de la CABA, que estaría evaluando promulgar el presidente Mauricio Macri por vía de DNU, representa su último intento para esconder información de sus empresas y del resto de su entorno político y personal.

Diversas notas periodísticas dan cuenta de un borrador de DNU, que estaría a la firma, y que revelaría la desesperación de sustraer del control nacional, la constitución y funcionamiento de sociedades y personas jurídicas en general.

Son de público conocimiento y de larga data, las participaciones en diversas empresas nacionales y en empresas offshore de funcionarios del actual gobierno, y de la mismísima familia presidencial. Esta es la razón por la cual intentan, desde hace tiempo y de diversas maneras, hacerse del control de dicho organismo.

De lo que se trata aquí, es de la clara intención de constituir en el ámbito de CABA, una verdadera guarida fiscal en la cual intentarán ocultar la operatoria histórica y reciente, desplegada para realizar todo tipo de fechorías, y cuyo resultado no es más ni menos que un grave perjuicio a los intereses del Estado Nacional y, en consecuencia, al pueblo argentino y su soberanía.

Constantemente hemos denunciado las presiones y la injerencia que realiza el PEN sobre la Justicia de nuestro país. En ese sentido, cabe hacer mención a la existencia de una medida cautelar que se encuentra en trámite por ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que fuera interpuesta oportunamente por la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y que evitó la puesta en funcionamiento del Registro local (que quieren lograr ahora vía DNU), y un control discrecional a través del mismo.

Sabemos que han avanzado en este sentido, realizando informes de gestión completamente improcedentes, arrogándose facultades que no han sido delegadas por las provincias a través del Congreso Nacional.
Estas graves irregularidades y otras tantas, han sido reiteradamente denunciadas por la Fiscal General Comercial, la Dra. Gabriela Boquin, quien continúa siendo foco de ataques, lo que también ha sido denunciado desde la UEJN.

En este momento de crisis debemos sostener la vigencia de la Constitución Nacional como Ley Suprema para la organización de la vida en sociedad, velando por su respeto en aras del interés nacional y para brindar la seguridad jurídica que debe primar en todo estado de derecho. Así como debe resguardarse la vigencia de la lealtad federal para atender a los intereses del conjunto federativo.

La actitud exteriorizada por el gobierno de la CABA y el nacional, para quedarse con el control de la Inspección General de Justicia, rompe la armonía que debe prevalecer. Sobre todo, por parte de quienes tienen dicha responsabilidad frente al pueblo.

Debemos luchar todos mancomunadamente, defendiendo la nacionalización de la IGJ (como medida para garantizar la actuación conforme a la ley de las sociedades que desarrollan su actividad en las diferentes provincias que integran nuestro país), y defendiendo el control por parte de la Justicia Nacional, de todas las cuestiones derivadas de sus competencias.

Por todo ello, las y los judiciales le decimos NO AL TRASPASO y nos declaramos en estado de alerta.