NO AL TRASPASO DE LA IGJ

En la jornada de ayer, a partir de una nota periodística publicada en el portal Bae Negocios bajo el título “Una transición en marcha para proteger a Macri y refugiarse en la Ciudad”, tomamos conocimiento de la intención del gobierno de concretar el traspaso de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA al ámbito de la C.A.B.A.

La necesidad de refugiarse en esta jurisdicción no es solo parte de la estrategia de salida de funcionarios actuales de la administración nacional, luego del resultado de las elecciones del mes de agosto, en las cuales casi el 70% de la ciudadanía expresó su voluntad de manera contundente.

Esta medida apunta, además, a trasladar el conocimiento de ciertas cuestiones vinculadas a la registración y control sobre sociedades off shore facilitando su uso de manera discrecional, y a la causa del Correo Argentino S.A., bajo la órbita de la Ciudad.

Es de público conocimiento que en esta administración se registraron numerosos casos de funcionarios públicos con participaciones en sociedades off shore, así como también participaciones societarias a nivel nacional, y las graves particularidades del concurso preventivo del Correo Argentino que fuera propiedad de la familia presidencial cuya incidencia afecta en forma directa al patrimonio del Estado Nacional Argentino.

Otras funciones que posee dicha inspección, corresponden al control de asociaciones civiles y fundaciones, siendo también de público conocimiento los casos en los que miembros de la administración actual han sido cuestionados.

La nota periodística señala que los trabajadores de la IGJ recibieron avisos de sus superiores en los que se les informaba que el gobierno se preparaba a poner en marcha la ley que fuera aprobada en 2008, para la creación de la IJG porteña. Por tal motivo resolvieron, luego de una asamblea, decretar un paro para este jueves 26 bajo la consigna “No al DNU del traspaso de la IGJ a C.A.B.A.”

A ello debe sumarse que por estos días y luego de tres años, se integró la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ante la cual tramita la causa judicial que traba la puesta en marcha de esta Inspección porteña, cuya inconstitucionalidad fuera planteada oportunamente por la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

Son conocidas las maniobras de injerencia sobre la justicia -sea PJN o MPF- a las que debe adicionarse la falta de declaración de emergencia judicial ocasionada las paupérrimas condiciones (edilicias, de sistema informático, de dotación de personal y cantidad de dependencias) en que se desarrollan las tareas cotidianas.

Por todo esto, las y los judiciales le decimos NO AL TRASPASO, que viene a configurar otra embestida contra la justicia, pretendiendo digitar desde un gobierno local la vida de las empresas y con ello otorgar impunidad a los amigos de turno.