Rechazamos el aumento desproporcionado de las tarifas y el proyecto que degrada las condiciones laborales

El aumento desmedido e irrazonable de las tarifas de los servicios públicos puso al descubierto el deterioro sostenido de los ingresos de los trabajadores argentinos.

El creciente nivel inflacionario, que lejos de apaciguarse hoy parece superar incluso el del año anterior, provoca el aumento desmesurado de los alimentos y productos de primera necesidad, erosiona el poder adquisitivo de los salarios y se retroalimenta con el valor de los servicios públicos.

Resulta imprescindible restablecer una relación permanente entre el valor de los salarios y el de los servicios públicos.

La vulnerabilidad de la economía nacional, jaqueada por el alto nivel de endeudamiento externo e interno, la falta de inversiones externas y locales, las altas tasas de interés que estimulan la especulación financiera, la innecesaria importación de bienes manufacturados y de materias primas que afectan decididamente a la industria nacional, la permanente fuga de capitales  y la errática política cambiaria, tienen graves consecuencias sobre la situación social y laboral de los trabajadores.

La especulación financiera nuevamente eclipsa a la producción , favorecida por tasas de interés exorbitantes e instrumentos financieros alentados desde el propio gobierno.

Reiteramos la necesidad de atenuar la presión impositiva sobre los ingresos de los trabajadores. 

La falta de un programa nacional de infraestructura básica, de agua potable y cloacas , de suministro eléctrico, de servicio de gas; de servicios sanitarios, de viviendas populares, de transporte público y de seguridad ciudadana, afecta esencialmente a los trabajadores y a los sectores más vulnerables.

Si el programa económico del Gobierno no pone el eje en el aspecto social, no será posible revertir la desigualdad y atender las necesidades de los sectores más desprotegidos.

Ante tanta incertidumbre económica y social el gobierno impulsa nuevamente reformas laborales que disminuyen las indemnizaciones por despido y socavan el orden público laboral a favor de los empresarios volviendo más desiguales la relaciones laborales.

Rechazamos las modificaciones a la legislación laboral que atentan contra los derechos individuales de los trabajadores y disminuyen las indemnizaciones laborales.

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina reitera que el creciente deterioro de la situación social y laboral de los trabajadores, hace inviable la política económica.

Reclamamos enfáticamente la corrección de las políticas públicas en relación a las tarifas de todos los servicios públicos, (que afectan esencialmente a trabajadores y PYMES) el intento de modificar la legislación laboral, que se atienda con urgencia las necesidades largamente postergadas de los jubilados y los trabajadores sin trabajo, el restablecimiento de los programas sanitarios y las políticas de protección económica a la sobreviviente industria nacional.

La Confederación General del Trabajo adoptará todas las medidas de acción sindical que considere necesarias para expresar el rechazo de los trabajadores a esta política económica que agudiza las desigualdades y no atiende las necesidades de los más vulnerables.