REFORMA DIVORCIADA DE LAS NECESIDADES DE LA JUSTICIA

El gobierno ha anunciado una reforma de la justicia federal, el traspaso de la justicia penal a CABA y la creación de una Comisión de estudio para modificar la composición de la Corte Suprema.

A pesar de la promesa hecha por el presidente de la nación a la CGT -que los/as trabajadores/as seríamos consultados sobre proyectos que nos involucren- y los numerosos intentos de entablar diálogo entre esta Organización Sindical y la Ministra de Justicia, los/as judiciales no fuimos escuchados.

Y lo dramático es que no fuimos escuchados sobre temas que expresamos hasta el cansancio:
 
• Que cualquier reforma de justicia debe tener como norte el fortalecimiento del doble rol establecido en la Constitución Nacional, de ser contralor de los otros poderes del estado y la garantía de los/as ciudadanos/as del respeto a sus derechos vulnerados.

• Que el estado de Emergencia Judicial, reconocido y declarado por el propio Consejo de la Magistratura en octubre del año pasado, requiere de un verdadero plan estratégico para la justicia, con profundo protagonismo de quienes la hacemos funcionar día a día.


¿AHORA ES CUÁNDO?

Cuando la emergencia socio-económica debería concentrar todos los esfuerzos de la clase política dirigencial, el gobierno ha tomado la decisión de encarar una reforma sorda. Cabe preguntarse con qué alquimia presupuestaria se podría efectivizar la multiplicación de juzgados federales, sin previamente haber dado respuesta a la emergencia que hace años atraviesa la justicia y que no distingue fueros nacionales o federales y atraviesa todo el país. ¿Con el mismo presupuesto con el que decidieron pagar el aguinaldo en cuotas? Raro.


TRASPASO

Antes, la Aduana y el Puerto. Ahora, la City Financiera y la Justicia. En el medio, los/as trabajadores/as judiciales.

El proyecto se llama de “organización de la justicia federal”. Sin embargo, alude en buena parte de su desarrollo, al traspaso de la competencia penal ordinaria al ámbito de la justicia porteña, algo que hace años viene reclamando el PRO. Por eso lo primero que nos preguntamos es qué acuerdos y sociedades desnuda esta decisión.

En segundo lugar, si bien se presenta como un traspaso de competencias y personal del fuero penal de manera voluntaria, a la larga implica el traspaso de toda la justicia nacional (laboral, comercial y civil) sin ningún preludio.
 
En tercer lugar, para que el traspaso de competencias ordinarias sea posible, hay que modificar nuestra Constitución Nacional (arts. 5, 13, 126 y 129). No se soluciona derogando la Ley Cafiero tal como este proyecto pretende. Ni siquiera con fallos de Corte que lo mencionen. ¿Acaso estamos habilitando un avance sobre nuestra República Federal, en pos de un renovado centralismo porteño? ¿A nadie preocupa en la dirigencia nacional, el nivel de concentración en las decisiones que ello podría implicar?

Si esto no se hizo antes es porque no es posible. Es porque fue parte del “núcleo de coincidencias” entre dos fuerzas políticas en tiempos de la última reforma constitucional, que le otorgó Autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, pero con límites (darle a los/as vecinos/as de la Capital Federal la posibilidad de elegir su Jefe de Gobierno, atributo que con anterioridad correspondía al presidente de la Nación, que designaba al Intendente de la Capital). Vale recordar que, conforme art. 13 C.N., este territorio es un espacio de la Provincia de Buenos Aires, cedido por ésta momentáneamente. Por lo tanto, es tema de debate convencional constituyente, no un acuerdo de administraciones, ni es el Congreso de la Nación el que pueda resolverlo.


JUSTICIA PENAL FEDERAL

Comodoro Py no sería tal si la justicia fuera independiente. Tampoco sería tapa de todos los diarios, si se designara jueces/zas probos/as y sancionara a los/as presionables.

Esto viene a cuento de que todo lo que se le endilga a la “mala justicia” es, en el 99% de los casos, resultado directo de la acción de operadores políticos y/o empresarios. Difícilmente los servicios de inteligencia hayan operado sin directivas alguna vez. Por eso, este proyecto ostenta una dudosa efectividad para cumplir los objetivos señalados. En realidad, vendría a duplicarlos: sin presupuesto, sin plantas de personal -fragmentan las existentes-, con justicia subrogada.

ESTA REFORMA NO RESUELVE ni la inseguridad galopante, ni la emergencia judicial que se mece sobre nuestras cabezas como espada de Damocles, ni -más grave aún- el hambre del pueblo.

Lamentamos que se dilapiden valiosos recursos humanos y materiales, no menos que tiempo, en iniciativas alejadas de las necesidades del conjunto. Asistiremos nuevamente con la ñata contra el vidrio, como el resto de los/as argentinos/as a los planes de una casta política que solo busca acomodar los huesos. La justicia argentina necesita un Plan Estratégico que la ponga de pie, tal como venimos reclamando desde la UEJN.
 
Nuestra Organización Sindical, coherente con su historia, enfrentará cualquier embestida contra los intereses de las mayorías, creyendo en el protagonismo de los actores de la comunidad organizada. Y si no es escuchada en los ámbitos institucionales reclamados, constituirá los propios, para hacer fuerte la voz de los/as que aún esperan.