Sobre el FMI y las mal llamadas Jubilaciones "De Privilegio"

Dentro de la lógica discursiva política, chiquita y de conveniencia, el Poder Judicial ocupa siempre el primer lugar de la lista hacia la que apuntar para tratar de explicar el por qué de la tragedia que vivimos como sociedad.

Así, de tanto en tanto, se alzan las voces que nos definen como “privilegiados”, que pretenden desconocer o poner en tela de juicio derechos que hemos adquirido con lucha y que hacen esencialmente a la dignidad que todo trabajador/a debe gozar. Tal es el caso de una jubilación digna.

El sistema jubilatorio previsto por la Ley 24.018 ya se modificó ni bien asumió el actual gobierno, sancionando la incongruente 27.546, que elevó los aportes al 18% (sin tope, claro), aumentó la edad de retiro, agravó requisitos por vía reglamentaria -algunos ilegales e inconstitucionales, digamos todo- que aun hoy estamos discutiendo en sede administrativa y judicial.

Pero resulta que el FMI pide ajustes y revisiones, y ahí vamos de nuevo. En lugar de atender proyectos VERDADERAMENTE SUSTENTABLES E IGUALITARIOS -como el que presentó la UEJN ante el Congreso, que prevé la incorporación de todas las categorías al sistema especial desde el mismísimo ingreso al PJN-, se bate el parche amnésico de acabar con el 82% móvil. ¿Alguien cree realmente que eso resuelve algún problema de nuestra economía? ¿Será la excusa para poner a las afjp nuevamente en el horizonte? Tratándose del Fondo, no debería sorprendernos.

Por eso, los/as judiciales rechazamos enfáticamente cualquier nuevo intento de modificar regresivamente el régimen jubilatorio que ampara a magistrados/as, funcionarios y -fruto de nuestra lucha- jefes/as de despacho, en la certeza de saber que la salida no está en ajustar y administrar pobreza, si no en sumar derechos, fomentar el consumo y la producción nacional, con una perspectiva totalmente soberana, sin injerencias extranjeras.