A 2 días del 8M y ante el inminente fenecimiento del expediente contra Gemignani -esta vez por expresiones discriminatorias y agresivas contra sus colegas; aunque ya posee sanción firme por otra causa -, se intentó votar la aplicación de una multa del 30% de su salario y la “obligación” de cumplir con los cursos -obligatorios!- de la Ley Micaela. Demasiado poco para lo que se espera de la investidura de su cargo, y para lo que hiere a la sociedad su accionar indigno.

Sin embargo, el dictamen sancionatorio no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. Esta situación nos sorprende de sobremanera.