En el día de la fecha, solicitamos -a fin de evitar un menoscabo en los derechos de los magistrados, funcionarios y empleados alcanzados por el impuesto al salario- que tal liquidación sea efectuada por personal propio del PJN.
Ello, luego de haber tomado conocimiento que el Consejo de la Magistratura ha realizado la contratación directa de una empresa que accederá a información sensible y personalísima de magistrados, funcionarios y empleados alcanzados por el infame impuesto al salario.