A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS JUDICIALES

Atentos a la estrategia de desinformación que lleva adelante el Poder Ejecutivo Nacional y todos sus órganos oficiales de difusión (Tiempo Argentino, Página 12, 6-7-8, etc.) como así también los obsecuentes de turno y lamentablemente algunos judiciales que dicen defender estos proyectos de “democratización” queremos aclarar algunas consideraciones sobre los mismos.

Nadie pone en duda que el Poder Judicial debe ser objeto de una amplia reforma democratizadora; por eso, desde su creación, nuestra organización sindical, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación viene bregando para que la misma se produzca.
Nadie pone en duda la lentitud de la justicia en perjuicio de los que más la necesitan, como así también nadie duda de la protección dada a los grandes grupos económicos en complicidad con algunos magistrados y funcionarios, funcionales a esos grupos, generando corrupción dentro del propio Poder Judicial, todo ello en detrimento del pueblo.

Por eso apoyamos la renovación  de los miembros de la Corte Suprema llevada a cabo por el ex presidente Néstor Kirchner. Corte que si bien demuestra su independencia, no ha avanzado en los reclamos históricos de los trabajadores judiciales y así lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades.

Cuando se anunció que se iba a enviar un proyecto para democratizar el Poder Judicial, grande fue la esperanza que se nos abrió a los argentinos.
Atento a la importancia que tiene dicho proyecto pensamos que se iban a abrir foros de discusión en todo el país, se iba a debatir junto con todas las entidades inherentes a la justicia, que iba a ser una convocatoria abierta a todo aquel ciudadano que quisiera participar en esos foros y, principalmente se iba a debatir con los trabajadores judiciales; así como se debatió la Ley de Medios, durante tres años, posibilitando que todos los argentinos sepamos de que se trata.

Grande es la desilusión. Trámite fugaz. Alguno dirá, se debatió en las jornadas de “Justicia Legítima”. Error. En las mismas no se discutió ninguno de los proyectos presentados, simplemente porque nadie sabía que proyectos se iban a tratar, ni siquiera el Ministro de Justicia.
El tratamiento de estos proyectos se realiza con la misma rapidez con que se trataron la Ley Antiterrorista y la Ley de Riesgos del Trabajo (perjudicando gravemente a los trabajadores); de espaldas al pueblo.

Lindos son los spots de campaña sobre la democratización de la justicia, pero vacíos de contenidos.

Algunas aclaraciones sobre los proyectos:

INGRESO.

1. ES FALSO que la UNION DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN, liderada por el compañero Julio Piumato,  esté en contra del ingreso democrático en el Poder Judicial.

No sólo estamos de acuerdo con el ingreso democrático en el Poder Judicial, sino que también ese ingreso se debería dar en el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo, para que no se afirme el dicho “has lo que yo digo, pero no lo que yo hago”.

Para los “desinformados” en el Consejo de la Magistratura duerme un proyecto aprobado de ingreso a la justicia acordado junto con nuestro sindicato desde el año 2007.

Este Proyecto de Ley enviado al Congreso es una copia de aquel, pero se omite en la integración del órgano encargado de tomar el examen al Representante de la Unión de Empleados de la Nación, impidiendo la transparencia del mismo.
Y lo que es más grave aún, oficializa como categoría la modalidad de LOCACION DE SERVICIOS, sin obra social y sin aportes, precarizando el trabajo en la justicia. O sea, trabajadores de primera y de segunda en el Poder Judicial.

CREACION DE LAS CÁMARAS DE CASACIÓN.

ES FALSO que los nuevos procedimientos vayan a acelerar las causas y hagan más ágil y rápido el servicio de Justicia, a través de la creación de nuevas Cámaras de Casación.

Esta creación no hace más que crear una nueva instancia burocrática que va a retardar cuatro o cinco años más las causas que se encuentran en trámite, lo cual no favorece el acceso a la justicia de los sectores populares.
Para los jubilados que tienen sus causas en el fuero Previsional, se le agrega otra instancia a su largo derrotero para cobrar sus legítimos reclamos, que con lo avanzado de sus edades y el incumplimiento de los fallos de la Corte Suprema por parte del Ejecutivo, ese cobro lo percibirá algún heredero.
En el fuero laboral la creación de una nueva instancia no solo es desfavorable para el trabajador, retrasando el cobro de su crédito que tiene carácter alimentario, sino que beneficia a los grandes grupos económicos que especulan con la duración del juicio, para devaluar dicho cobro y avasallar aún más los derechos de los trabajadores.

Es realmente insultante impulsar la creación de nuevas cámaras cuando hoy en la justicia hay juzgados vacantes, jueces que subrogan uno o más juzgados, nombramientos de jueces con concursos terminados que están parados por el Poder Ejecutivo, juzgados con dotación reducida de empleados, juzgados hacinados por falta de edificios, etc…
Es tan improvisado el proyecto que en la creación de las salas de dichas Cámaras hablan de categorías del escalafón que dejaron de existir en los años 90.


MODIFICACION DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Con respecto a este proyecto, es necesario marcar las contradicciones de la Presidenta Cristina Kirchner.
Siendo ella senadora de la Nación, defendía el proyecto de reducir de 20 integrantes del Consejo a 13 tal como está conformado en la actualidad, manifestando que el mismo era un órgano transformado en una superestructura de más de 230 funcionarios y que se iba a tornar menos burocrático e iba a implicar menos erogaciones para el Estado.
Asimismo manifestó que proponía una mayoría sumamente agravada para la selección y para la destitución de los jueces, precisamente para dar una mayor garantía de transparencia en  lo que respecta a la conformación del sistema de decisión y al consenso que debe existir en cuestiones tan importantes como la designación y destitución de los jueces.
Hoy el proyecto aumenta de 13 a 19 miembros los integrantes del Consejo de la Magistratura, reduciendo las mayorías agravadas, adoptándose las decisiones más relevantes por mayoría absoluta de los miembros.
La excusa es la paralización actual del Consejo, pero resulta que la mayoría de sus integrantes responden al oficialismo.
Ese mismo oficialismo que votó el archivo de las causas originadas por las denuncias de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación contra los jueces Montezanti, acusado de servicio de inteligencia en la dictadura y Rosansky acusado de acosar y maltratar a trabajadores judiciales.

Si se aprueba la reforma el Consejo de la Magistratura pasará a ser una oficina del Poder Ejecutivo, rompiéndose la división de poderes consagrados en la Constitución Nacional; por qué? Porque el mismo siempre va a contar con mayoría oficialista de este o de cualquier gobierno en lo sucesivo.

Afecta además a la independencia del Poder Judicial, porque en caso de que un juez no falle según los dictados del oficialismo y según éste crea conveniente, con la mayoría absoluta de sus miembros (que van a ser oficialistas) puede ser removido.

En cuanto a la elección de los consejeros: Quien elige al representante del Poder Ejecutivo para integrar el Consejo? El ciudadano común? NO. Lo elige el Poder Ejecutivo. Quien elige a los representantes de los diputados y senadores para integrar el Consejo? El ciudadano común? NO. Se eligen entre pares, la mayoría y la minoría de ambas cámaras del Congreso.
Elección popular de jueces en una boleta sábana de un partido político. ¿Eso no es politizar la justicia? ¿Se imaginan a un juez hablando de independencia judicial mientras pide que voten a un partido político determinado, que lo tiene a el como candidato? ¿Hará campaña también sobre las propuestas políticas, económicas y sociales de ese mismo partido político? Evidentemente, los jueces elegidos de esa forma responderán a la plataforma de dicho partido político y no podrán dictar sus fallos con independencia de las decisiones que ese partido tome (si así lo hace se tendrá que buscar otro trabajo).

En esta misma reforma se modifica la ley de Autarquía Financiera. Objetivo: Adueñarse de los fondos del Poder Judicial a través de las designaciones de los consejeros de la Magistratura que con la mayoría dependerá de los dictados del Poder Ejecutivo.
Para los judiciales el hecho de quitarle a la Corte Suprema la fijación de los salarios desnaturaliza la ley de Autarquía. Con esta reforma la discusión salarial se dará con la jefatura de gabinete del Poder Ejecutivo y no con la autoridad del Poder Judicial.

Se reforma esta Ley de Autarquía NO para beneficiar a los trabajadores judiciales; si esa fuera la intención se reimplantaría el art. 7, vetado por el ex presidente Menem, que establecía la ley de enganche, y la participación de los trabajadores en la Obra Social.
Evidentemente no es esa la intención, sino apropiarse de los fondos financieros.

Ahora en este proyecto que amplía la cantidad de consejeros, hay al menos un lugar para un representante de los trabajadores? NO. Parece que en esta democratización no es importante tener un integrante que defienda los intereses de los mismos y sepa sobre el funcionamiento real del Poder Judicial.


En nombre del 54% de los votos el actual gobierno con esta modificación retoma la teoría Barra (ex ministro de la CSJN, en el menemismo, con mayoría automática) quien decía que la justicia debe seguir el camino que el gobierno le indique, porque al gobierno lo votó la gente, no importa si respeta o no la letra y el espíritu de la Constitución.

MEDIDAS CAUTELARES

Como bien señala el CELS “…las medidas cautelares constituyen medidas efectivas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad”.
El problema es que la forma en que se las propone regular “pierde de vista que lo prioritario debería ser restringir el uso de las cautelares en casos netamente patrimoniales, en los que el Estado incluso puede ser la variable más débil de la relación para, en cambio, fortalecer y darle total vitalidad y vigencia a las cautelares que pretendan proteger a personas o colectivos frente a actos estatales violatorios de derechos fundamentales”.
En esta reforma se afecta la tutela judicial efectiva de los derechos de los sectores más desprotegidos y sus herramientas para tener un trámite sencillo y rápido como parte de la obligación estatal.
“El peso de la regulación debería estar en establecer pautas de procedimiento que exijan al juez y a las partes diligencia para llegar rápido a la decisión de fondo”.
Asimismo el artículo 17 del proyecto permite al gobierno pedir una medida cautelar para intervenir en una huelga de cualquier ente del Estado a fin de restablecer el servicio público.
En consecuencia el Estado puede lograr una cautelar contra las huelgas, pero no los trabajadores para defender sus reclamos.

Compañeros/as, es obvio que este proyecto de democratizar la justicia no mejora la vida de los argentinos, ni beneficia a los trabajadores judiciales.

No hay un solo proyecto de ley de los enviados que hablen de las reivindicaciones de los trabajadores judiciales: convenciones colectivas de trabajo, participación en la obra social, jubilación igualitaria.

Obviamente es muy difícil que estén en la cabeza del Poder Ejecutivo estas reivindicaciones. Recordemos que cuando el cro. Julio Piumato fue diputado nacional y presentó los tres proyectos para hacer efectivos esos reclamos, a pesar de que las convenciones colectivas tenían media sanción en diputados, el propio Poder Ejecutivo dio marcha atrás con los mismos.


Por todo esto compañeros/as cuando no hay diálogo o el mismo se agota no nos queda otra que el camino de la lucha.
la Unión.

Porque luchamos por una Argentina con una justicia donde se respete el derecho de los trabajadores, donde los jueces se parezcan a su pueblo y se respeten los derechos humanos y sociales de todos los argentinos, decimos  que esto no es democratizar la justicia sino avasallarla hasta perder su independencia.