Ante la grave situación planteada por el Gobierno Nacional que pretende condicionar la política  salarial del Poder Judicial de la Nación, lo que pone en riesgo la necesaria independencia que debe existir entre los diferentes poderes del Estado y pone en riesgo la situación salarial de todos los agentes del Poder Judicial y los ministerios Públicos Nacionales, LA COMISIÓN DIRECTIVA RESUELVE DECLARAR EL ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN en todo el país.