Cuando se tornan cotidianas las denuncias por falencias edilicias, que ponen en riesgo la salud y la seguridad de los y las judiciales; cuando esas denuncias no se limitan a una jurisdicción o geografía en particular, sino que se repiten indistintamente en cualquier dependencia del país; cuando el sistema informático, pese a los esfuerzos técnicos, no da abasto; cuando proliferan leyes de creación de juzgados que finalmente no resultan habilitados por falta de presupuesto; cuando las plantas de personal no aumentan acorde al aumento de litigiosidad... cada día que pasa sin que las autoridades tomen cartas en el asunto es un día más al borde del colapso.
Pero además, cuando la Jefatura de Gabinete del P.E.N. pretende digitar la política salarial del Poder Judicial de la Nación, se configura una clara intromisión, absolutamente lesiva de la división de poderes que nuestra Carta Magna ordena.
A no dudarlo: no hay justicia independiente, sin los fondos suficientes.
Por eso, de cara al Acuerdo que se producirá el día de mañana, la Comisión Directiva Nacional reclama a la C.S.J.N. que decrete el estado de Emergencia Judicial y otorgue el 15% de aumento correspondiente al primer tramo de la recomposición salarial 2019, en los términos de lo ya solicitado por la U.E.J.N.
O hay respuestas claras, o retomamos medidas.