El desafío de los judiciales

Desde el perfil que debe cultivar el Dr. Rosenkrantz, pasando por las reglamentaciones que tendría que implementar, la relación con el ¿coadyuvante? Consejo de la Magistratura, autolimitación a las intervenciones jurisdiccionales del Alto Tribunal, plazos procesales, recomendación de desligarse de tareas que asume como “impropias” (mencionando ni más ni menos que las estratégicas Oficina de Violencia Doméstica, Oficina de la Mujer, el CIJ y la mismísima Dirección de Captación de Comunicaciones del PJN), hasta llegar a cuestionar LA POLÍTICA SALARIAL, HORARIO Y FERIA de todos los judiciales…

¿Autarquía? ¿Independencia? Nada de eso viene en el combo.

Más allá del interrogante sobre el verdadero autor de tales líneas, no hay demasiadas novedades en el planteo. Se trata de fustigar con un refrito de falacias largamente desmentidas por nuestra práctica cotidiana, como la supuesta parálisis de los tribunales en tiempo de feria, como si no existiera personal de guardia en todas las oficinas –cosa que los periodistas no ignoran, dado que transmiten sus primicias desde las entradas mismas de las dependencias judiciales, cualquier mes del año y, por cierto, en cualquier horario-.

La referencia a la ley de enganche resulta un caballo de Troya para provocar una fractura en la comunidad judicial, intentando despegar a los magistrados del resto de los judiciales, conscientes de la fuerza que genera la unidad. Otra manera perpetrar los planes del FMI en la Justicia, en fetas, sin esconder por un instante su pretensión de que los trabajadores perdamos frente a la inflación y paguemos el ajuste al cual nos lleva su gestión.

Ya lo dijimos, se trata de una encrucijada de hierro en la que el Dr. Rosenkrantz deberá demostrar si se pone a la cabeza de la independencia del Poder Judicial o se deja presionar por el gobierno y sus comunicadores.

La situación es extremadamente grave. Los judiciales debemos garantizar la unidad, esclarecidos de la situación que atravesamos y listos para custodiar sin fisuras el trascendental rol que la Constitución Nacional asigna al Poder Judicial de la Nación como garante de los derechos de todos los argentinos.