LA JUSTICIA AL SERVICIO DEL PUEBLO Y NO DE LA POLÍTICA

En reiteradas oportunidades ratificamos la lucha en contra de las transferencias de competencias de los Tribunales Nacionales hacia la Justicia local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y advertimos que de suceder, significaría reimplantar el CENTRALISMO PORTEÑO, y que hoy vemos nuevamente reveladas las intenciones más virulentas en el derrotero de intervenciones completamente impropias, infundadas e improcedentes, del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad.

Desde la UEJN objetamos la intromisión del Tribunal Superior de Justicia de la CABA en relación a las decisiones adoptadas por la Justicia Nacional, y no dejamos de ver detrás de tan insólita y absurda decisión la pretensión de proteger los intereses políticos de Mauricio Macri, ya que el concurso preventivo del Correo Argentino tramita desde hace 20 años en el Fuero Comercial de la Nación. En consecuencia, se avanza sobre la independencia judicial para protección de actos que atentan contra el interés del pueblo, en exclusivo beneficio de un grupo económico, justamente, de un ex Presidente de la Nación.

Seguimos sosteniendo que el Tribunal Superior de Justicia es un tribunal local que no tiene competencia jurisdiccional y que no existe base legal para atribuirle la potestad de revisar una sentencia dictada por una Cámara Nacional de Apelaciones con asiento en esta ciudad.

No puede el Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad juzgar sobre el acierto o la conveniencia de disposiciones dictadas por los otros poderes del Estado y querer hacerle decir a la ley lo que la ley no dice, o dejar de cumplir lo que inequívocamente ordena.

Bajo cualquier mínimo análisis es claro que el hecho de que un Tribunal “local” pretenda invalidar el pronunciamiento adoptado por un Tribunal Nacional es un exceso que no puede ser aceptado.

Es sumamente preocupante advertir esta situación de avasallamiento que representa una transferencia de competencias jurisdiccionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en principio, sólo podría ser efectuada por el Congreso de la Nación como representante del pueblo y no por el poder político de la CABA utilizando la investidura de jueces locales “amigos” para realizar por vía pretoriana traspasos de competencias nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, no podemos dejar de poner en resalto la poca transparencia en los modos de selección de los magistrados y la débil independencia judicial que contiene la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Consideramos que, tal desborde jurisdiccional implica la sustitución de poderes entre los jueces y los legisladores y por lo tanto un quiebre en la división de poderes instaurados en la Constitución Nacional.

En este sentido, no sólo rechazamos el traspaso de la Competencia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por medio de este invento del Tribunal Superior de la Ciudad, sino que también rechazamos y vemos con suma preocupación el proyecto de ley del Gobierno Nacional sobre la “Ley de organización y competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias” que tiene media sanción en el Senado de la Nación, y que permite (“entrega”) el traspaso de la justicia penal ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

No debemos olvidar que la independencia del Poder Judicial, es el principio fundamental del estado de derecho y debe defenderse siempre para sostener la armonía constitucional y el orden público. Y el traspaso de la Justicia no obedece a un mejoramiento de las ncesidades de los ciudadanos sino al objetivo de incidir sobre las decisiones de la Justicia, usándola para precarizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras (Justicia del Trabajo), garantizar la impunidad de los actos de corrupción de los funcionarios de la CABA), y no pensado para mejorar la respuesta a las necesidades de los habitantes de la Capital Federal. Como dice la Ley Cafiero, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la Capital de todos los argentinos y argentinas, la Justicia ordinaria de la Ciudad estará en manos de la Justicia Nacional.

La Independencia de la Justica se defiende por ser esencial a la defensa de la democracia y la República, vengan del interés de someterla del Gobierno de la Nación o, en este caso, del Gobierno local de la CABA.