La UEJN denuncia y rechaza la sanción del nuevo Código Civil y Comercial

La Unión de Empleados de Justicia de la Nación rechaza públicamente la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, considerando ante todo que resulta inadmisible que un instrumento normativo trascendental, como es un código de fondo, haya sido aprobado de manera express. Un código de esta índole regula aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos - desde el comienzo de su existencia humana hasta su fallecimiento; pasando por casi la totalidad de las innumerables cuestiones que hacen a la vida en sociedad-. Por ello, ameritaba que se le hubiese dado un tratamiento serio, prolijo y responsable, que esté al margen de las cuestiones coyunturales y que sea el resultado de un debate amplio y razonable. Todo lo contrario de lo que ha hecho el oficialismo en el Congreso.
 
En ese marco de desprolijidad, el Gobierno ha introducido una serie de modificaciones que afectarán los derechos de todos los Argentinos y, en particular, de los trabajadores, violentando en algunos casos la mismísima Constitución Nacional.
 
En efecto, la reforma aprobada, por ejemplo, borra de un plumazo la responsabilidad del Estado, trasladándola a la esfera del derecho administrativo, un ámbito mucho más favorable a los intereses del Estado, permitiéndose incluso que puedan dictar regulaciones al respecto los estados provinciales. Esto resulta de extrema gravedad y contradice décadas de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de reconocer la responsabilidad del Estado Argentino por los hechos y actos ilícitos cometidos por sus agentes en el desempeño de sus funciones.
 
En lo que hace a lo laboral, se introducen cambios que sin lugar a dudas tienen por objeto perjudicar a los trabajadores, mostrando el oficialismo una vez más su cinismo y doble discurso. La eliminación de la responsabilidad de las empresas principales en los casos de tercerización; y el reconocimiento de la remuneración a la locación de servicios constituyen dos paradigmáticos ejemplos, consagrando a este Gobierno, a todas luces, como campeón de la precarización y el fraude laboral en la Argentina, aprobando en un cuerpo normativo ideas más propias del neoliberalismo que del supuesto progresismo que pregonan.
 
A todo esto, cabe agregar entre tantos aportes cuestionables, el no reconocimiento del derecho al agua potable para todos los argentinos, la pesificación práctica de las deudas en moneda extranjera, la indebida protección de los derechos de las comunidades originarias a la tierra, etc.
 
Los trabajadores judiciales caminamos los tribunales todos los días y sabemos muy bien como ha sido concebida esta reforma. Pretendió ser en un inicio abarcativa y plural, convocándose a notables juristas. Lo cierto, es que terminó siendo redactada por ignotos funcionarios gubernamentales, los cuales incorporaron deliberadamente modificaciones que, además de perjudicar a los Argentinos, rozan el escándalo jurídico violentando la Constitución.  
 
Una reforma normativa democrática debe ser siempre el fruto del diálogo, el respeto, el pluralismo y la ecuanimidad. A las apuradas, sin una deliberación adecuada, sólo se genera una nueva frustración jurídica que los trabajadores judiciales tenemos la responsabilidad de salir a a denunciar, resaltando que estaremos dispuesto para la lucha.
 
A LOS DERECHOS Y LAS CONQUISTAS DE LOS TRABAJADORES NO HAY REFORMA DE CÓDIGO CIVIL QUE LAS HAGA RETROCEDER. HOY, COMO SIEMPRE, ESTAREMOS LISTOS   PARA LA LUCHA POR UNA ARGENTINA JUSTA, LIBRE Y SOBERANA.