No a la separación por decreto a Gils Carbo, Sí a limitar mandatos

La única forma de terminar con la arbitrariedad en la Procuración General de la Nación es limitando los mandatos de quienes se encuentren al frente de dicha institución.

La amenaza de echar a la Procuradora mediante un decreto daña seriamente la institucionalidad y hiere de gravemente a nuestro sistema político: único ámbito capaz de solucionar estas encrucijadas de distribución de poder.

Son los diputados y senadores quienes constitucionalmente deben definir si existen motivos para un enjuiciamiento o si existe la posibilidad de modificar la LOMPF. Al resto de nosotros, solo nos queda seguir aportando elementos para que ellos definan la pertinencia o no de la apertura del proceso de juicio político o la modificación antedicha.

Sin ir más lejos hace unos meses existía un acuerdo para limitar los mandatos de los Procuradores, tal cual ocurre en otros países de la región: sin embargo ese acuerdo fue echado por tierra por ciertos sectores del oficialismo que tienen posturas firmes en los medios de comunicación, pero al momento de accionar parecen tener intereses en que la Procuración siga siendo un ámbito poco transparente.

Desde la UEJN hemos denunciado múltiples irregularidades en la gestión de los recursos humanos de la Procuración General de la Nación: el armado de un sindicato paralelo en violación de todas las normas del derecho colectivo de trabajo y el incumplimiento de estándares mínimos de transparencia en la asignación de cargos y ascensos en la administración central de la Procuración General de la Nación; esperamos que el Congreso arbitre los medios necesarios para investigar estas imputaciones y tome las medidas pertinentes.

Es que para solucionar estos funcionamientos anómalos en el Poder Judicial debemos elegir un camino que respete las instituciones democráticas y valorice a la política como forma de conducir los destinos de nuestra patria, aunque el camino sea más difícil y necesite de acuerdos entre diferentes fuerzas políticas. Si no hacemos una elección de este tipo, vamos a  fomentar la arbitrariedad que pretendemos erradicar.

El Ministerio Público Fiscal ya viene siendo golpeado hace tiempo, recordemos que el Procurador General anterior, el Dr. Esteban Righi fue desplazado de su cargo mientras realizaba  una investigación de un posible hecho de corrupción empresarial y política que debía tener a dicha procuraduría a la vanguardia de la pesquisa.

En la actualidad, la causa Odebretch y los vínculos entre capitales privados y corrupción política tiene una sensibilidad tal, que cada movimiento que se haga debe ser cuidadoso de las instituciones si no queremos caer en una crisis política tan profunda como la que atraviesa Brasil por estos tiempos.