Que nos paguen los sueldos adeudados

El Poder Judicial tercerizó por décadas nuestro trabajo profesional y administrativo a través de esa asociación civil presidida por jueces,  subsidiada con fondos de la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia. Pagando salarios de miseria, y cimentando precarias condiciones laborales, técnicas, edilicias, etc.

Somos quienes supervisamos profesionalmente las condenas penales que se cumplen fuera de la cárcel tales como los arrestos domiciliarios (entre estos se encuentran decenas de represores), las libertades condicionales y libertades asistidas (entre ellos delitos contra la integridad sexual), y las condenas en suspenso y probations.

No sólo el Estado avaló esa tercerización de trabajo judicial a través de una asociación civil como el Patronato, sino que hacía la vista gorda también respecto  de las condiciones de trabajo y la sobrecarga laboral: 7000 condenados y procesados judiciales eran supervisados mensualmente por estos cien trabajadores. 

Nuestra lucha y movilización fue la que logró la sanción de una ley que promueve nuestro traspaso al Poder Judicial. No queremos más engaños ni fraudes laborales.

Se promulgó el 27 de enero de 2015 (Ley 27.080) creando la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal, la cual regirá en el ámbito de la casación penal federal y ordinaria, incorporando a todos los trabajadores del Patronato de Liberados sin excepción y sin concurso. Debía implementarse a los 90 días de su promulgación.

Sin embargo desde entonces somos rehenes de trabas políticas y abandonos burocráticos que involucran tanto a la Corte Suprema, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo Nacional quienes se disputan sus intereses en cada aspecto de esta reglamentación. En medio estamos los trabajadores en un limbo institucional y sin cobrar! Nos deben los salarios de julio, agosto y septiembre. Familias enteras sin su ingreso económico principal. Por eso estamos de paro y sin cumplir ninguna de nuestras funciones desde el mes de agosto.

HOY LA TRABA BUROCRÁTICA ESTÁ EN LA DAF (Dirección de Administración Financiera, Consejo de la Magistratura) quienes deben liberar por oficio nuestro presupuesto ya aprobado y publicado en el Boletín Oficial, para que la Corte finalmente habilite nuestros cargos y podamos comenzar a trabajar y a percibir el dinero que nos deben desde junio!