Rechazamos un nuevo intento de avasallar la justicia

Es sumamente grave que públicamente un funcionario acuse a la Justicia de mafiosa. Es grave que se diga que un estudio jurídico conduce a los jueces laborales para sacar sentencias a la medida de sus intereses. Pero es más grave aún, si quien lo dice es el Presidente de la Nación.

Una cosa es dar mensajes políticos y otra muy distinta es atentar dentro del Estado contra las Instituciones. Denigrar, hasta lo más bajo, al Poder Judicial es una forma artera de atentar contra esa institución. Y si ese denigrar proviene de otro Poder del Estado –en este caso el Ejecutivo- es lisa y llanamente el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Así de simple.

No es la primera vez que esto ocurre. Desde la creación del Fuero Laboral en 1945, por el General Juan Domingo Perón, hubo múltiples obstáculos que condicionaron su funcionamiento. Desde entonces, sectores empresariales dijeron que atentaba contra la creación de empleo (igual se dice hoy), que los jueces laborales eran “de segunda”, que los abogados laboralistas eran una mafia que estafaba a los propios trabajadores (todo se repite), que por cada juicio laboral quedan diez trabajadores en la calle, etc.

En cambio, nunca se comenta que la vigencia del derecho laboral, ha tenido como consecuencia el respeto a la dignidad del trabajador.
Está claro que detrás de esta nueva arremetida, hay una intencionalidad política de comenzar a trabajar en una flexibilización laboral, porque todavía no han podido ni están en condiciones de cumplir con el viejo sueño de suprimir el Fuero del Trabajo.

Nuestra Organización Sindical, coherente con su historia, está preparada para enfrentar cualquier embestida en ese sentido. Sabemos que este tipo de políticas se implementó durante gobiernos reaccionarios o dictaduras militares y también en gobiernos democráticos como la flexibilización laboral de Cavallo-Menem o la creación de la Casación Laboral (nunca derogada) del gobierno anterior, y siempre hemos resistido los intentos. A pesar de todo, de algunos pasos atrás que se dieron en esas etapas, el derecho laboral siguió adelante.

En ese afán de cercenar legítimas conquistas de los trabajadores, se intenta promover el traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizan denuncias infundadas a magistrados/as, cuestionados únicamente por el contenido de sus sentencias, se advierte que para que ingresen las inversiones hay que reducir los costos laborales, se pretende poner techo a las paritarias, se presenta ante la Cámara de Diputados un proyecto que declara al transporte como servicio esencial, quitando el derecho de huelga a la inmensa masa de trabajadores de ese sector.

Evidentemente, el objetivo es hacer letra muerta del art. 14 bis de la Constitución Nacional (parcialmente en vigencia).

Las palabras del Presidente Macri, al igual que las de algunos de sus Ministros, están diciendo a las claras cuál es la política de este gobierno hacia la clase obrera.

No lo vamos a permitir. Estamos dispuestos a dar pelea. El movimiento sindical organizado del cual somos parte, responderá con contundencia a esa política.

Como Organización Sindical, rechazamos esta evidente amenaza a la independencia del Poder Judicial, a la vez que seguimos bregando por la defensa de los derechos de la totalidad de la clase obrera y la Justicia del Trabajo, para que ésta pueda cumplir activamente con su función de efectivizar los derechos humanos laborales, brindando tutela cierta a los trabajadores.

Ante este nuevo hecho, de suma gravedad institucional, continuamos luchando -como siempre- por construir una justicia digna e independiente.