Empleado judicial cesanteado sin sumario previo vuelve a trabajar

Así lo decidió el Juez Federal Nº 1 de Corrientes, Dr. Carlos Soto Dávila al decretar la Medida cautelar Innovativa a favor del agente Rosales quien fuera despedido sin sumario previo por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por los jueces Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni,  dictó un Acuerdo el 06 de mayo próximo pasado donde se ven lesionados gravemente el derecho a la propiedad, al trabajo, a la igualdad ante la ley, la defensa en juicio, la estabilidad en el empleo público entre otros, garantizados por la Constitución Nacional y los diversos Tratados Internacionales consagrados en la misma. 

Por ello la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación liderada por Julio Piumato –a nivel nacional- y por Mariela Alloi, Rodrigo Hermoso y Sebastián Vega – a nivel local- solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación interceda en la decisión mediante el avocamiento, lo cual estaría próximo a dirimirse y al mismo tiempo acudieron a la vía judicial – a través de un amparo- para buscar la NULIDAD del acto lesivo conforme las constancias obrantes  y su sustitución por un acto administrativo conforme a Derecho.
Cabe recordar que la cesantía se produce luego de que el empleado sufriera una persecución laboral por haber notificado al Fiscal de la causa de la Resolución donde el TOF concede una visita extraordinaria al ex represor De Marchi a la ciudad de Corrientes y por la cual el tribunal recibe un escrache público. Por este motivo organismos de Derechos Humanos acompañaron los pedidos y las manifestaciones realizados por los trabajadores judiciales de las Regionales aledañas quienes se movilizaron desde Paso de los Libres, Resistencia, Reconquista y Formosa para reclamar por la situación.

Con estos reclamos se busca garantizar que el Poder Judicial –con sus empleados- sea ejemplo de respeto a la Carta Magna en cualquier tipo de proceso, pues de esta manera se estaría velando por los derechos de todos los trabajadores argentinos que se desempeñan en el servicio público.

“Si no hay justicia para los que trabajamos en la Justicia, mal puede haberla para los demás ciudadanos argentinos” dijeron desde la UEJN.