La reciente sanción de la ley de “Reparación Histórica para los Jubilados” fue presentada como una solución a la larga historia de injusticia y postergación que viene sufriendo la clase pasiva del país desde hace más de 20 años.
La ley crea un sistema de acuerdos transaccionales entre el jubilado y/o pensionado y la ANSeS con el fin de ingresar en un plan voluntario que permitirá el reajuste del haber jubilatorio conforme parámetros que aún no han sido precisados en su totalidad.
Los acuerdos que se celebren deberán ser ratificados ante la Justicia, más precisamente ante el fuero de la Seguridad Social.
Desde la Comisión Interna del Fuero Previsional llevamos años advirtiendo las críticas condiciones en que desempeñamos nuestra labor. Los trabajadores judiciales del fuero previsional sabemos de lo que hablamos. Lo sabemos porque se nos va la vida en ello.
A los siempre postergados pedidos de reestructuración de nuestra planta efectuados al Máximo Tribunal desde 2013, añadimos la carencia de insumos básicos, la sobrecarga de trabajo y el colapso estructural de nuestro fuero, llegando al punto de comprometer el edificio que nos alberga, poniendo en peligro la vida de los trabajadores, y la de los numerosos letrados y jubilados que concurren diariamente.
Nuestros pedidos de reestructuración del personal obedecen a contar con mayor cantidad de categorías intermedias a fin de dar solución a la postergación que sufren nuestros trabajadores, frente al gran volumen de tareas a desarrollar y las presiones generadas para poder cumplir con los plazos procesales, siendo necesario ante dicha situación, la aplicación de medidas que tiendan a paliar los problemas suscitados.
La inminencia de las homologaciones implica un incremento en el volumen de trabajo que nuestro fuero ya no puede tolerar, y resulta indispensable contar con un incremento de la dotación del personal y de funcionarios para responder eficazmente a este nuevo desafío.
Esto beneficiará no sólo a los empleados, funcionarios y magistrados, sino también a la sociedad en su conjunto, al privilegiarse los principios de celeridad e inmediatez en la resolución de los juicios.
El Fuero de la Seguridad Social se ocupa de cuestiones tan sensibles como la dignidad de las personas que transitan la tercera edad, así como el cumplimiento de los aportes previsionales realizados por los empleadores y los aportes a las Obras Sociales, entre otros, sumando un total de 528.357 causas en trámite (127.088 expedientes en primera instancia, 203.697 en primera instancia en etapa de ejecución, 23.145 en trámite en segunda instancia y 74.427 aguardando en depósitos para ingresar a segunda instancia con una demora de 5 años), también se confeccionan 200 nuevos poderes por día.
La nueva ley mencionada preve que los convenios transaccionales no judicializados alcancen los 337.675 y las causas judicializadas 62.211.
Por ello, si sumamos los expedientes que tramitan en el fuero de la Seguridad Social más lo no judicializados arroja un total – estimativo - de 866.032 causas, a ser afrontadas sólo por 10 juzgados de 1º Instancia, y 3 Salas de alzada.
Pese a todo, nuestros pedidos no han sido escuchados. Frente a la inminencia del nuevo sistema de homologaciones no tenemos respuesta a ninguna de las cuestiones planteadas. Siempre nos hemos manifestado a favor del diálogo, pero también estamos dispuestos a dar la lucha necesaria para defender la salud y los derechos de los trabajadores del fuero previsional.
Por todo ello, hemos declarado el estado de alerta y movilización en el Fuero de la Seguridad Social, y hemos dispuesto un PARO DE ACTIVIDADES por 24 horas el día jueves 25 de Agosto, a la espera de que nuestros reclamos sean escuchados.
Si no hay Justicia para los trabajadores de la Justicia, ¿qué puede esperar el resto de los argentinos?
COMISIÓN INTERNA DEL FUERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL