El 31 de enero se recordará el bicentenario de la Asamblea Constituyente que otorgó la libertad a los hijos de esclavos nacidos en Argentina. Sin embargo la esclavitud sigue más vigente que nunca. Desde los discursivo se lo combate y en los hechos se lo promueve en comitivas internacionales como un ejemplo a imitar del “modelo”. Tampoco se revierte el andamiaje legal de la dictadura que sostiene la tercerización y la subcontratación laboral. Su contraposición es la apertura de la CGT Moyano hacia las ong’s para lograr de conjunto una política pública contra el trabajo esclavo.
* por Julio Piumato, secretario de DDHH de la CGT y secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).
El trabajo esclavo o la sujeción a los seres humanos a la esclavitud es un flagelo que sufrimos desde los confines de la historia, y que fue consecuencia de la conquista de unos pueblos por otros, con el fin de transformar a las personas en medios de producción.
Esclavitud y trabajo forzoso son, por ende, casi sinónimos. En América la esclavitud llegó de la mano de la codicia de los conquistadores por la necesidad de mano de obra para explotar las riquezas del llamado nuevo continente, y generó uno de los comercios mas aberrantes. Tal fue el tráfico de esclavos. Así se llamó al comercio de seres humanos que desde mafias de aquellos tiempos llevaron adelante con poblaciones enteras de África hacia los Estados Unidos de Norte América, el Caribe, y el Brasil fundamentalmente para nutrir de mano de obra esclava a las plantaciones de caña de azúcar, algodón, etc. En los países andinos los españoles crearon figuras de trabajo forzoso como la mita y el yanaconazgo, por el cual sometieron a las comunidades precolombinas que poseían un grado importante de organización para la explotación de las riquezas mineras.
El Río de la Plata sin minería y grandes plantaciones que requirieran numerosa mano de obra, limitó la llegada de esclavos para cumplir funciones de siervos hogareños.
La decisión de la Asamblea Constituyente del año 1813 que decretó la libertad de vientres identificó la revolución de Mayo, finalizando el sometimiento a trabajo esclavo de todos los que nacieran a partir de ese día coherente con el nacimiento de la independencia de las viejas colonias. Esa libertad de los sometidos continuó con el Brigadier General Juan Manuel de Rosas, cuando puso fin a la compra y venta de esclavos, y finalmente quedó definitivamente prohibida con la Constitución Nacional en 1853 (artículo 15).
Sin embargo, sin perjuicio del dictado de dicha Constitución, la desaparición legal de la esclavitud no acabó con el problema sino que más allá de la connotación "formal", el trabajo esclavo continuó en sus diversas formas en la Argentina, fundamentalmente a partir del triunfo del Proyecto llamado de la "Generación del 80", cuando la oligarquía diseñó un modelo de país en que, a partir de la concentración de la riqueza, a la vez se acaparaba el ejercicio de los derechos para esas élites. La palabra libertad sólo alcanzaba a esas minorías, y las mayorías populares debían someterse a condiciones de explotación, asimilables a la esclavitud.
La irrupción del peronismo logró, con sus políticas de justicia social y su visión filosófica política y economica del hombre y la sociedad, elevar la libertad a su sentido más literal y extenderla a todo el Pueblo. Como tantas otros males de la Argentina, el trabajo esclavo se extinguió en casi todo nuestro país reemplazado por la dignidad y los derechos del trabajador, de la ancianidad, del niño y de la familia.
Fue a partir del golpe de Estado que derrocó al Gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en 1955, pero mucho más del golpe militar que derrocó al Gobierno de Maria Estela Martinez de Perón donde las formas de esclavitud y semiesclavitud se reimplantaron en el país al ritmo del avance sobre los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras.
La derogación de derechos de los trabajadores realizada por la dictadura a través de bandos militares (llamadas aún hoy “leyes”) fue parte de la transformación que los militares genocidas y los grupos económicos financieros nacionales y trasnacionales llevaron adelante. Para ello, debieron instalar el terrorismo de Estado y asesinar a decenas de miles de compatriotas, cifra que trepa a varios centenares, y agregamos los torturados encarcelados perseguidos y hasta exiliados, así como los despedidos y cesanteados.
Llama poderosamente la atención que la mayor parte de esta legislación de la dictadura que viola los derechos humanos de los trabajadores siga vigente, a pesar de los casi 30 años de recuperación de la democracia.
Esta política también apuntó al debilitamiento de las organizaciones sindicales y a romper los lazos de solidaridad que caracterizan la viabilidad de una comunidad organizada.
Desafortunadamente el retorno a la democracia, fruto en buena medida de la heroica resistencia de los trabajadores organizados devolvió a los argentinos los derechos civiles y políticos, pero los trabajadores no recuperaron ninguno de los derechos laborales. Más aún, con la reimplantación del modelo neoliberal en la década del 90 siguieron avanzando sobre sus derechos tanto salariales como laborales. El predominio de los grupos económicos y financieros en la realidad política nacional modificó profundamente las relaciones laborales avanzando todas las formas de desamparo laboral desde la flexibilización y el trabajo informal hasta la reaparición y expansión del trabajo esclavo e infantil en todo el territorio Nacional.
La resistencia sindical a ese plan perverso del neoliberalismo impidió su consolidación y contribuyó a profundizar su crisis, aunque no alcanzó a extirpar el trabajo esclavo y el no registrado, que siguieron creciendo con la complicidad del propio Estado.
El cambio operado en la Argentina a partir del 2002 generó expectativas en retomar el camino de la Justicia Social que recorrió el peronismo en nuestra Patria. Los indicadores sociales de entonces son para los trabajadores la tabla de comparación para medir realmente el lugar en que nos encontramos.
A pesar de las condiciones precarias en que neoliberales dejaron al país después del gran saqueo, a partir de la voluntad política de Néstor Kirchner y la recuperación del circulo virtuoso de la economía (mayor salario, mayor consumo, mayor producción y mayor empleo), ello con la consiguiente recuperación de herramientas vitales como las paritarias; se generó una recuperación en todo sentido a la que los trabajadores acompañamos entusiasmados. Desafortunadamente y después de esa primera etapa que puso al país de pie o “lo sacó del infierno”, no se profundizaron las políticas tendientes a eliminar toda forma de explotación laboral. Tarea en la cual el Estado en todas sus formas (Poder Ejecutivo Congreso y Poder Judicial) es fundamental.
Más allá del discurso, generoso en esa dirección, desde las más altas esferas nacionales poco se ha hecho. La precarización laboral avanza en todas sus formas y lo que demuestra la falta de voluntad para erradicarla es que es el propio Poder Ejecutivo uno de los principales tomadores de trabajo precario, más aún el propio Ministerio de Trabajo. La tercerización y la subcontratación laboral amparadas por normas de la dictadura genocida son el respaldo legal de la explotación laboral de millones de trabajadores. Ademas, las cooperativas truchas transformaron al trabajador explotado en “socio” del patrón sin que se tomen hasta ahora las medidas legales y administrativas que lo impidan.
Y así llegamos al trabajo esclavo que en lugar de desaparecer sigue expandiéndose al amparo de la voracidad empresaria, la complicidad del poder económico y político y por lo tanto de las propias fuerzas de seguridad de la Nación, las provincias y los municipios. Lejos de combatirlo asistimos perplejos a como se lo “legaliza” formando parte los empresarios negreros de las misiones oficiales al exterior o en las recepciones también oficiales, difundiéndose las “virtudes” de ese modelo (por citar un ejemplo, el caso de "La Salada").
Desde la Secretaria de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT), siguiendo las directivas que impone la conducción del compañero Hugo Moyano, venimos llevando adelante una tarea ardua en contra del trabajo esclavo y de toda forma de explotación laboral, complementando y asesorando la actividad que desarrollan las distintas organizaciones sindicales. Aunque bueno es reconocer, que no todos los gremios ponen el mismo énfasis. Sin perjuicio de ello, resulta necesario reiterar y hacer hincapié en que el poder de policía del trabajo recae exclusivamente sobre el Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Trabajo, AFIP), por lo que su responsabilidad en la existencia de trabajadores esclavos, y precarizados en todas sus formas, es primaria.
A más de iniciativas legislativas, ignoradas por la mayoría oficialista, hemos realizado campañas con la colaboración en especial de la Juventud Sindical y de organizaciones de la comunidad, que viene llevando una tarea heróica en este sentido.
Al cumplirse 200 años del establecimiento de "la libertad de vientres por la Asamblea del año 1813"creemos que el desafió que tenemos como trabajadores y como Pueblo es fundamental. El trabajo esclavo en la argentina no se elimina con un feriado.
En ese camino vamos a trabajar hacia la erradicación de toda forma de trabajo esclavo con todas las organizaciones que nos quieran acompañar, con los vecinos, con las comunidades, levantando bien alto las banderas de dignidad, de libertad y de Justicia Social, hasta que el Estado asuma sus responsabilidades o quede en manos de hombres y mujeres que inspirados en Perón, Evita y tantos hombres y mujeres que lucharon por ello, lo hagan posible. Continuaremos nuestra lucha hasta poder declarar a nuestro país territorio libre de trabajo esclavo y precario en todas sus formas.