ESTADO DE SITUACIÓN FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PARA DELITOS EN FLAGRANCIA

En el día de la fecha diligenciamos nuevas presentaciones al Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia pidiendo la urgente postergación de la implementación del nuevo sistema en virtud de que no se cuenta con el personal, ni con los recursos técnicos ni estructurales para hacer frente a los cambios que se proponen en la ley 27.227.
La información con la que contamos indicaría que la normativa se publicaría en el boletín oficial el día de mañana pero aún las Seccionales de la Policía que deberían comenzar a operar el procedimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no están notificadas de dicha circunstancia.

Por eso, en estas horas nos encontramos realizando las gestiones conducentes para lograr la postergación de la reforma por lo menos hasta marzo o cuando se comience a implementar el proceso de unificación de juzgados penales.

Los trabajadores somos los primeros en querer dar una prestación del servicio de justicia con altos niveles de efectividad, pero creemos que no se trata en este caso de buena o mala voluntad sino de contar con las herramientas necesarias para hacerlo, por ejemplo solucionando la forma en que será retribuido el trabajo fuera del horario laboral y los fines de semana.


Además, de otras cuestiones como la falta de recursos técnicos, electrónicos y de infraestructura en sede de los tribunales que no garantizan salas de audiencia necesarias para poder realizar la cantidad que prevé la nueva ley de forma segura para los empleados.

Una gran cantidad de Fiscalías, Juzgados y Defensorías correccionales y de instrucción se encuentran vacantes, siendo que la actual planta de magistrados no se encuentra completa como para frente a los cientos de audiencias semanales sin descuidar el trámite de las causas más complejas de las dependencias a su cargo.

No existe una oficina judicial que garantice la coordinación de los distintos funcionarios que deben comparecer a las audiencias, estructura necesaria en todos los proyectos que avanzan hacia el sistema acusatorio.

Ninguno de los informes que deben realizar los cuerpos periciales de las fuerzas de seguridad son habitualmente realizados en términos compatibles con los plazos impuestos por la nueva normativa.

Las Unidades de detención transitoria no están preparadas para recibir la cantidad de imputados que se calcula ni el servicio penitenciario cuenta con el personal para el permanente traslado de detenidos (una deficiencia ya visible en el actual sistema). Por ejemplo la Unidad 28 no cumple con los requisitos mínimos ni para recibir a los detenidos ni para que concurran los trabajadores judiciales ni defensores que deben hacer allí su tarea.