Ante los alarmantes sucesos que atraviesa nuestro país en el plano económico, los trabajadores judiciales nos encontramos sumamente preocupados. La decisión del gobierno nacional de solicitar ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional, además de retrotraernos a oscuras horas del pasado, no hace otra cosa que profundizar la dependencia de nuestro sistema económico y jaquear así nuestra autonomía política.
No sin sufrimiento, la historia nos ha enseñado que la suerte de los trabajadores está siempre sujeta a su capacidad de organización, cohesión y respuesta, o falta de ella: libertad o dependencia, enfrentarse con coraje y valentía a las grandes corporaciones internacionales y darle valor al trabajo argentino o hipotecar los sueños de la mayoría del pueblo tomando deuda, pagando intereses exorbitantes y siguiendo estrictamente las recetas de ajuste y achicamiento del Estado.
Hoy, frente al escenario de crisis que sufre el país -inflación desbocada muy lejana al 15% proyectado, aumento de tarifas, corridas financieras, disminución de reservas, devaluación del peso, suspensiones y despidos, cierre de fábricas, pérdida del poder adquisitivo, restricción a paritarias, recortes laborales y reforma jubilatoria, entre otros- y que recae sobre los hombros de los trabajadores, jubilados y sectores más humildes, el gobierno apuesta a salvar su plan económico mediante un refrito acuerdo con el FMI, quién a cambio del ¨salvataje¨ exigirá, a no dudarlo, cercenamiento de derechos laborales, ajuste de salarios y haberes de pasivos, recorte del gasto público con el consecuente aumento de la pobreza y deterioro del mercado interno.
Los judiciales sabemos muy bien que no somos una isla, que todos los logros que obtuvimos fueron gracias a la lucha y a la solidaridad, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Por eso, firmemente decimos NO AL ACUERDO CON EL FMI. Estaremos en la calle junto al pueblo trabajador, recordando las palabras del padre de la patria: seamos libres y lo demás no importa nada.