Imposible ajustar lo ajustado

El Gobierno Nacional dictó el decreto 632/2018 implementando el ajuste impuesto por el FMI a todo el ámbito de la Administración Publica Nacional. En el artículo 13 invita al Poder Judicial a adherir al mismo.-

La UEJN en nombre de los trabajadores judiciales reclama a la Corte Suprema de la Nación como cabeza del Poder Judicial que rechace tal invitación por cuanto acceder a la misma traería aparejado ni más ni menos la paralización del funcionamiento de la Justicia. Y aún más grave implicaría una claudicación a la independencia del Poder Judicial, clave para el funcionamiento de la democracia republicana representativa y federal consagrada por nuestra Constitución Nacional.

Puesto que ni la Corte Suprema ni los agentes judiciales somos responsables de la crisis que venimos soportando todo nuestro pueblo y que ha sido generada por una fuga incesante de la riqueza producida por el trabajo argentino, no corresponde que nos hagamos cargo de las consecuencias de los desaciertos en el manejo de la cosa pública. Más allá de ello es bueno recordar que el Poder Judicial no nada en la abundancia sino todo lo contrario.

La precariedad en materia edilicia y de condiciones de trabajo con carencia de los elementos mínimos, el ahogo presupuestario que ha prácticamente paralizado el servicio de Justicia por la falta de inversión tecnológica que ha hecho colapsar el sistema de gestión informático, las precarias condiciones de salubridad producto de sus falencias edilicias que se suman al deterioro significativo de la salud pública en general y que ha sido puesta de manifiesto por los recientes casos de tuberculosis, y en general la escasez de personal en la mayoría de los tribunales que no se han actualizado ni en número ni en la cantidad de agentes de cada uno a pesar del crecimiento exponencial de las demandas de Justicia de la población, son sólo ejemplos de la precaria actualidad de la Justicia.

Por todo ello, es claro que lejos de poder aplicarse un ajuste al Poder Judicial como “invita” el PEN , es imprescindible un refuerzo presupuestario si lo que se quiere es contar con un Poder Judicial de la Nación que cumpla con su mandato Constitucional de controlar la división de poderes y ser la salvaguarda última del ciudadano al ver violentado, por un particular por una empresa , por el crimen organizado o por medidas arbitrarias del gobierno, algunos de sus derechos amparados por la Constitución Nacional y las leyes.

La UEJN ratifica su estado de Alerta y Movilización y solicita a la Corte Suprema como cabeza de Poder Judicial que rechace esa “invitación” comprometiéndonos a acompañar al más Alto Tribunal en todas las medidas que tome en resguardo a los derechos de magistrados funcionarios y agentes judiciales, y de la defensa de la Independencia del Poder Judicial, para lo cual es imprescindible que cuente con los fondos para cumplir su rol constitucional.