¡No hay democratización sino avasallamiento de la justicia!

Los judiciales queremos ser claros:

Siempre hemos dicho que la Justicia está en deuda con el pueblo argentino, que requiere un Poder Judicial que de seguridad y protección a sus derechos fundamentales de forma rápida y eficiente y que también está en deuda con los trabajadores que pretendemos respeto por nuestros derechos salariales, laborales y sindicales.
Sin embargo, a nada de esto le da solución la mentada y engorrosa “Democratización de la Justicia” que impulsa el partido gobernante.

Queremos denunciar que bajo la pomposa consigna “Democratización de la Justicia” se pretende engañar al pueblo argentino y avasallar, soslayadamente, al Poder Judicial.

¿Por qué decimos esto? Porque los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo no favorecen las necesidades del pueblo sino que las perjudican: violan la Constitución Nacional, atacan la independencia del Poder Judicial y los derechos de los trabajadores judiciales.

El establecer una nueva instancia a través de las Cámaras de Casación, lejos de favorecer a los trabajadores, a los jubilados y al pueblo argentino, extiende los juicios a un atraso promedio de entre 4 y 5 años. Es decir que, al prolongado, tedioso y doloroso recorrido que debe atravesar el trabajador para alcanzar una sentencia, se suman años de lamentable espera.
En el caso de los jubilados, esta modificación favorece el manejo discrecional de los fondos que hace el Gobierno y el incumplimiento de los derechos constitucionales de quienes trabajaron toda la vida, condenándolos a morir sin encontrar justicia.
En el caso de los trabajadores favorece a los grupos económicos que actualmente ya se benefician con las demoras de los juicios. Esto implica que aquellos que no pueden esperar la sentencia definitiva, al alcanzarla, pierden parte del dinero a causa de las estadísticas “truchas” del INDEC y de la inflación real que carcome sus créditos.

Asimismo, la afectación de la acción constitucional de amparo, cautelares contra el Estado, perjudica al ciudadano común y a los trabajadores de los tres poderes del Estado afectados así en sus derechos constitucionales.

Respecto al Poder Judicial, el avance sobre facultades de la Corte y sobre la reforma al Consejo de la Magistratura, no sólo contradice los argumentos del Poder Ejecutivo esgrimidos en la anterior reforma, sino que reimplanta la doctrina Barra de los años ’90 sometiendo al Poder Judicial a los caprichos del Gobierno de turno. Se rompe el sistema republicano de división de poderes y se afectan los derechos y aspiraciones de todos los ciudadanos.

La modificación a la Ley de Autarquía Financiera demuestra que el Poder Ejecutivo pretende adueñarse de los fondos del Poder Judicial a través de las designaciones de consejeros de la Magistratura, así como hizo con los fondos de las obras sociales sindicales y los fondos del Anses, que pertenecen a los trabajadores. El hecho de quitarle a la Corte Suprema la fijación de salarios desnaturaliza la ley de autarquía ya que, según la experiencia de los últimos 20 años, esa facultad nos permitió a los trabajadores judiciales, no sin lucha, derrotar los ajustes del período neoliberal Menem-Cavallo y frenar el ajuste incipiente del actual Gobierno sobre los trabajadores. 

Que a las modificaciones a dicha ley no se reimplante la ley de enganche, vetada por el presidente Menem mediante el art. 7, ni el derecho de los judiciales a participar de su Obra Social demuestra que la modificación no está dirigida a beneficiar a los trabajadores de la justicia, víctimas de los períodos más corporativos de la historia judicial.

Sobre las propuestas para el ingreso a la justicia, que retoman casi textualmente el proyecto de la UEJN, encontramos una omisión tan fundamental como lo es la exclusión del control de los trabajadores en la transparencia del concurso; lo cual desnaturaliza su objetivo; “hecha la ley hecha la trampa”.

Por todos estos motivos, los trabajadores judiciales consideramos que este avasallamiento al Poder Judicial, lejos de acercarnos a nuestras reivindicaciones históricas como los son las paritarias, la jubilación igualitaria, la participación en la Obra Social, el ingreso transparente, la ley de enganche y la lucha contra la tercerización laboral, nos pone a merced de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno Nacional. 

Ya sufrimos, como todos los trabajadores, la discriminación en las asignaciones familiares; y sabemos que con estas medidas van a alcanzar la baja salarial a través del impuesto al trabajo, de los aumentos por debajo del índice de inflación real y de la modificación de las condiciones de trabajo por medio de la extensión horaria y la precarización laboral. Sabemos que ciertas prácticas, desterradas gracias a la lucha de los judiciales, volverán a ser moneda corriente en perjuicio de nuestros derechos.

La decisión del Poder Ejecutivo de realizar un tratamiento fugaz sobre estas leyes sin un debate nacional es prueba fehaciente de que esconde la TRAMPA. Cuando se discutió la ley de medios el debate fue nacional y todos los argentinos participamos a lo largo y ancho del país; en cambio, cuando se sancionaron leyes que afectaban a los sectores populares, como ley antiterrorista y ley de ART, sucedió “entre gallos y medianoche”, confundiendo a la población con el uso de spots publicitarios y mentirosos que buscaban evitar reacciones.

La UEJN siempre luchó contra jueces corruptos, jueces cómplices de la dictadura militar, jueces  serviles a los poderes de turno y jueces violadores de derechos de los trabajadores, y por ello no permitiremos que el oficialismo continúe protegiendo a jueces como Nestor Montezanti y Carlos Rozanski. Siempre enfrentamos a los sectores más oscuros del corporativismo judicial y a todos los que consideran la justicia como propia olvidando que, como todas las instituciones de la República Argentina, esta es propiedad exclusiva y excluyente del conjunto del Pueblo Argentino.

Bregamos por una Argentina donde se respeten los derechos y los sueños de todos los ciudadanos, con una Justicia que garantice la vigencia de los derechos humanos y sociales por igual para todo el pueblo.