INADMISIBLE ATAQUE

Asistimos nuevamente a un intento de “linchamiento” de la Justicia por parte de altos funcionarios del gobierno anterior. Esta vez, la destinataria del embate mediático fue la Fiscal Gabriela Boquín a raíz de su actuación jurisdiccional en el caso Correo Argentino, mediante un comunicado emitido por un Diputado Nacional miembro actual del Consejo de la Magistratura, un ex Ministro de Justicia, y un ex Senador, todos ellos pertenecientes al bloque Cambiemos.

Los mismos funcionarios que para algunos casos hacen declaraciones confiando en el accionar de la justicia, para otros recurren a denuncias de oportunismo o lawfare, en una práctica que se está haciendo costumbre en la clase política, dando muestra del tipo de “inmunidad” que pretenden para sí y para los suyos.

Lo curioso del comunicado es que estos funcionarios se posicionan cual meros abogados (poco versados en materia Comercial, pareciera) del directorio de una empresa a la que le disculpan su “incumplimiento” con el Estado (que ellos mismos encarnaban hace poco) por una supuesta responsabilidad de este. Intentando, asimismo, desacreditar la actuación de la Dra. Boquín por su supuesta pertenencia a Justicia Legítima (ya desmentida), argumentando que la fiscal se mantuvo en silencio durante varios años y que solo activó la causa durante el gobierno de Macri, cuando en realidad asumió su cargo en febrero de 2015 y recién en 2016 recibió este expediente, cumpliendo con su rol al dictaminar unos meses después, en un marco sumamente desfavorable, políticamente hablando.

Asimismo, se “agravian” por la aceleración de los tiempos procesales. Insólito. Todo/a judicial sabe que no existe ningún concurso preventivo en período de exclusividad por el término de 20 años.

No podemos decir que nos sorprende la maniobra. Sabido es que, los firmantes, defienden su interés particular al tener familiares en el desplazado directorio e incluso al haber ejercido la defensa en juicio de Correo Argentino, recibiendo cuantiosas sumas de honorarios. Existe, además, una denuncia penal contra varios estudios de abogados de la concursada por presuntas compras de conformidades de los acreedores.

Pero la torpeza no le quita gravedad institucional al asunto. Por eso desde la UEJN repudiamos este improcedente ataque y toda injerencia de la clase política sobre la Justicia y la INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL.