SIGUEN ATENTANDO CONTRA LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA

Mediante Resolución 10/2020 de la Secretaria de Seguridad Social que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, se dispuso la reglamentación de la ley 27.546. Aunque bien cabría decir que se legisló de nuevo, ya que la mentada reglamentación avanzó más allá de sus posibilidades jerárquicas.

Desde el inicio, el Ejecutivo no supo demostrar ni justificar las reformas propuestas a la ley 24.018, su único y elemental argumento fue el de derribar los ““privilegios”” y con esa excusa volvió a avanzar sobre la independencia de la justicia y los derechos de quienes la integran.

En una segunda edición de dicho avance, la Resolución 10/2020, excluye a agentes que la propia ley incorpora a través de sus anexos.

Así, aquellos que no desempeñan tareas jurisdiccionales, o no tienen cargo efectivo, no acceden al beneficio jubilatorio previsto.

Con respecto a los primeros, determina que aquellos funcionarios que no realizan tareas jurisdiccionales están exentos del Régimen y no pueden ser equiparados. Tal manda, además de excederse en sus alcances, profundizando el carácter restrictivo de la ley, desnuda un total desconocimiento acerca de la realidad de la justicia. Solo la anima la intención de ajuste y el desprecio hacia una justicia independiente.

La justicia ha desarrollado –y sigue incorporando-, para beneficio de todos los ciudadanos, equipos periciales, unidades técnicas, informáticas, contables y también administrativas que sostienen y organizan el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

Con respecto a los segundos, excluye sin argumento ni fundamento alguno a subrogantes, interinos/as
y contratados/as. La paradoja es que los descuentos se realizan, pero no se computan. ¿A dónde van esos aportes?

Un tercer aspecto de claro exceso es el vinculado a los requisitos para acceder al beneficio. La ley 27546 establece como únicos requisitos necesarios tener 10 años continuos o 15 años discontinuos en los cargos alcanzados, mas los 30 años de aportes y el cumplimiento de la edad, así como el cese definitivo.

Sin embargo, la reglamentación incorpora la exigencia de tener el aporte especial ingresado durante un plazo equivalente, perjudicando a aquellos/as agentes que están próximos/as a jubilarse, a quienes se hará el respectivo descuento pero no tendrán el reconocimiento de ello. De esta manera, vuelve a extralimitarse en sus atribuciones, estafando la solidaridad de cientos de judiciales que se incorporan al sistema, perjudicando a aquellos/as trabajadores/as que cuentan con más de 40 años de aportes en promedio, mucho más que la media nacional, que vienen penando hace mas de una década desde la discusión sobre si los Jefes/as de Despacho de Primera eran o no beneficiarios. Lo que les implicó descuentos, devoluciones no actualizadas, expectativas en suspenso, que prolongaron sus años de servicio a la espera del beneficio prometido. ¿Vamos a pedirles 10 años más de servicio?

Está claro que la norma reglamentaria restringe la propia ley, y cercena los derechos previsionales de los/as judiciales.

Por eso, seguiremos en cada oportunidad insistiendo con nuestro proyecto de Jubilaciones para el Poder Judicial, que es sustentable, igualitario, solidario y, además, es para TODOS/AS.

Mientras tanto, seguimos luchando contra las arbitrariedades de esta ley y sus reglamentaciones, por todos los medios. Ya hemos reclamando a la Corte la equiparación de las categorías excluidas y el otorgamiento del suplemento salarial complementario del 10% a partir del mes de abril del 2020 (fecha en que comenzaron los descuentos). También, accionaremos judicialmente para frenar este atropello y resguardar nuestros derechos.

Este nuevo avance sobre la justicia no se puede aceptar desde ningún punto de vista. Nosotros seguiremos, fieles a nuestra historia, peleando por una Argentina justa, libre y soberana, donde los derechos no sean considerados privilegios y se respete la independencia de la Justicia.