OTRA VEZ CONTRA LA JUSTICIA

ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN

Hemos tomado conocimiento que el próximo martes 26 de mayo, se constituirá la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación, para dar tratamiento a una serie de decretos de necesidad y urgencia entre los que se encuentran los DNU nros. 256/2015 y 102/2017, ambos vinculados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación.

Nos llama poderosamente la atención el tratamiento de dichos decretos en el marco de la emergencia sanitaria, siendo que el Senado de la Nación había limitado su funcionamiento al tratamiento de cuestiones vinculadas al COVID-19, y ambos decretos nada tienen que ver con la grave crisis sanitaria que venimos atravesando en la Argentina.

Para hacer un poco de memoria, el DNU 256/2015 dictado por el gobierno anterior, fue aquel que transfirió la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación (DICOM), a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, el DNU 102/2017, es aquel que determinó que serán dos jueces penales con rango de Juez de Cámara -designados por sorteo y con mandato por tres años-, quienes actuarán como Director General y Subdirector General de dicho organismo, bajo la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Deviene necesario señalar, que de acuerdo con lo normado por la ley 26.122, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso de la Nación respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional -artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional-, es la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo la que tiene competencia para pronunciarse respecto a la validez o invalidez de dichos decretos, debiendo elevar el dictamen al plenario de cada Cámara –Diputados y Senadores- para su expreso tratamiento, para que éstas se pronuncien mediante resoluciones de rechazo o aprobación en el plazo de diez días hábiles, conforme el artículo 82 de la Carta Magna.

Ahora bien, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, emitió dictamen de mayoría favorable a la declaración de validez del decreto 256/2015, con fecha 16 de febrero de 2016, pero nunca fue tratado por ninguna de las cámaras. Luego, no sabemos si por desidia o por algún interés espurio, quedó guardado en el arcón de los recuerdos de la política, y hoy, por razones que desconocemos, vemos cómo se desempolva y se vuelve a poner en discusión; sin embargo el Poder Judicial de la Nación, asumiendo las obligaciones que le habían sido conferidas, avanzó y mucho en la puesta en funcionamiento de Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO).

Así, la DaJuDeCO es un organismo auxiliar de los jueces federales penales de todo el país y tiene como función principal la de asistirlos en la investigaciones judiciales frente a casos concretos de delito complejo. Para llevar adelante tan delicada tarea, dicha dirección cuenta con una planta de más de trescientos(300) empleados/as, que hoy ven amenazados sus puestos de trabajo, en el medio de la emergencia sanitaria y la acuciante crisis económica que atraviesa el país.

Reiteramos, como lo venimos repitiendo todos estos años, que garantizar la independencia del Poder Judicial es sostener las bases de la República. No podemos permitir, que en el momento en que la sociedad toda está poniendo su mayor esfuerzo para sobrevivir a la pandemia -ó a la crisis económica- y ocupándose de dichos temas, la política se aproveche para echar mano sobre la justicia.

En esa idea, cansados de ver como la política intenta un nuevo avance sobre el Poder Judicial, estaremos alerta para denunciar cualquier situación que se intente contra los/as trabajadores/as judiciales, que somos quienes sufrimos las consecuencias directas de esa intromisión.

Por todo ello, la UEJN, en virtud de las graves consecuencias institucionales que de concretarse dicha medida conllevaría, tanto para la Independencia del Poder Judicial como para los/as agentes de gran capacidad profesional que verían en riesgo sus puestos de trabajo, declara el ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN, y exhorta tanto al Gobierno como a los/as Legisladores Nacionales a revisar dicha medida de graves consecuencias institucionales.

Buenos Aires, 25 de Mayo de 2020.

 

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL