NO AL CENTRALISMO PORTEÑO. SÍ A LA REPÚBLICA FEDERAL

Una vez más, asistimos al burdo intento del oficialismo que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de afianzar su centralismo, merced a la colonización de la Justicia Nacional, mediante la eliminación de derechos protegidos y reconocidos por nuestra Carta Magna.

Y decimos esto por cuanto en los últimos días, se hizo público que -desde el espacio que lidera Juntos por el Cambio- en la Legislatura porteña se está promoviendo un proyecto de ley que -de concretarse- significaría una gravísima regresión en materia de derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes.

Así, se pretende forjar una nueva instancia a los procesos en trámite por ante la Justicia Nacional, imponiendo la obligatoriedad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad lo decidido por las Cámaras Nacionales de Apelaciones, como requisito previo a acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación vía Recurso Extraordinario Federal.

Más allá de las críticas técnicas que puedan hacerse al mentado proyecto, y de señalar enfáticamente que, de progresar, se vulneraría el espíritu que tuvieron en mira nuestros constituyentes, es importante dejar en claro que lo que allí anida es un nuevo intento de avanzar sobre la independencia judicial, elemento esencial de la división de poderes para una vida democrática plena.


Como Organización Sindical representante de los/as trabajadores/as judiciales no consentimos que se pretenda reducir a la Justicia Argentina a su mínima expresión, desguazando la Justicia Nacional, desvirtuando sus decisiones y vulnerando derechos reconocidos luego de arduas luchas por las que muchos/as compatriotas dieron su vida.

Tal como clarificamos en ocasión de rechazar los proyectos de traspaso de diversos fueros de la Justicia Nacional a la órbita de la CABA, lo que se persigue es imponer un modelo centralista porteño a ultranza, a través de manipular las decisiones judiciales para obtener impunidad -revisando cuestiones del Fuero Penal-, flexibilizar normas laborales -cuestionando las decisiones adoptadas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo-, y dirigir la economía nacional y la vida de las empresas (recordemos que el 90% de éstas tiene domicilio en la Capital Federal) -reviendo lo decidido por la Cámara Comercial-, etc. Ello, por cuanto las sentencias del TSJ resultan obligatorias para los tribunales inferiores de la Ciudad.

Un verdadero escándalo que nos interpela a quienes hacemos la justicia a rechazar enfáticamente la maniobra por burda y lesiva de los derechos y del federalismo adoptado por nuestro país, en la inteligencia que estamos ante un proyecto que solo pretende resolver una vieja puja de poder y que muy lejos está de garantizar una mejor justicia.

En la etapa de excepción que la pandemia ha impuesto, como trabajadores/as judiciales debemos estar vigilantes para poder interpretar las peculiaridades del momento político que nos toca atravesar. No hay justicia posible, aquella por la que bregamos todos los días, si no nos comprometemos y luchamos en defensa de nuestros derechos y de las leyes vigentes. Más aun, no hay futuro próspero como país si permanecemos inertes mientras se viola el sistema republicano y federal de gobierno que nuestra Carta Magna ha establecido.