LA INACTIVIDAD DEL CONSEJO NO PUEDE SER GARANTÍA DE IMPUNIDAD

En el día de la fecha y ante la posibilidad cierta de que, el ahora constituido Consejo de la Magistratura, decida el archivo de numerosas denuncias contra Magistrados/as, entre ellas aquellas por acoso y violencia laboral, solicitamos su urgente tratamiento.

Nos encontramos frente a expedientes que no han sido siquiera tratados, su demora no responde a una excesiva tramitación, por el contrario, las y los Consejeros a cargo de los expedientes no han promovido su tratamiento y las Comisiones que debían tratarlos apenas se han reunido a debatir.

Este escenario no es novedoso, en instancias similares, el Consejo ha resuelto la caducidad de los mismos por el paso del tiempo. Esto se ha constituido como una GARANTÍA de IMPUNIDAD por sobre el derecho a la justicia de las víctimas, violando todas y cada una de las normas que regulan los derechos humanos en nuestro país: Pacto de San José de Costa Rica, Belem Do Pará, Convenio 190 OIT, Ley 26.485, incluso la del contralor sobre los y las magistradas que nuestra Constitución Nacional impone al Consejo.

Pretender archivar un proceso por el mero paso del tiempo, cuando no se realizó ninguna acción tendiente a conocer la verdad de los hechos denunciados, es cuanto menos inconstitucional.

Máxime cuando esto opera por inacción de la administración. El Consejo -en tanto órgano a cargo del único proceso constitucional habilitado para la sanción y remoción de los y las Magistradas-, está obligado a resolver en torno al reclamo que realiza quien denuncia, no puede liberarse de su responsabilidad por el transcurso del plazo. Solo cuando hubiere realizado todas las diligencias necesarias tendientes a determinar la verdad o falsedad de los hechos denunciados, podrá rechazar los mismos.

La realidad frente a la que nos encontramos, nos obliga a reflexionar sobre las graves deficiencias que tiene este Consejo sobre el control de la Magistratura. Ello solo genera más injusticia, desconfianza y lejos de resolver las problemáticas existentes, las agrava.

Necesitamos una justicia justa, con procesos transparentes, tramitados en tiempo y forma, que garanticen no solo la independencia judicial de aquellos Magistrados/as perseguidos por su labor, sino los derechos y garantías de aquellos trabajadores y trabajadoras afectados por Magistrados/as maltradores e incompetentes.

Hacer lo opuesto es convalidar los hechos denunciados, es ejercer violencia institucional sobre cada una de las víctimas que se animan a denunciar pero también sobre las que no. Es revictimizarlas día y a día y reproducir mediante el silencio las peores prácticas que tiene la Justicia cuando no brinda justicia.

Por eso esperamos que los Magistrados/as acompañen este pedido porque JUNTOS debemos separar los buenos funcionarios de los que avergüenzan la envestidura, generando con ello un daño irreparable para sus víctimas como así también al servicio de justicia porque siempre detrás de los acosadores y sus cómplices hay derechos conculcados a toda la ciudadanía.

Es esta tarea todos debemos afirmar que EN LA JUSTICIA NO PUEDE HABER IMPUNIDAD y reestablecer un principios nodal: “sin justicia, no hay paz y no existe paz verdadera sino se reconoce la dignidad de todas las personas y de todos los Pueblos”.