Llegó a nuestro conocimiento que el “gran acuerdo” que trabaja el gobierno para intentar complacer las apetencias del FMI, incluye puntos generales vinculados a la justicia que son de extrema sensibilidad en su contenido real.
En efecto, se habla de eliminar el déficit fiscal a través de un congelamiento salarial del sector público y, en especial, de los sueldos judiciales. Mencionando como “privilegio” los ingresos de jueces, funcionarios y empleados. Proponiendo lisa y llanamente su reducción.
Respecto del presupuesto general del poder judicial, se proyecta su disminución. Pero también prevé la modificación del decreto que establece la proporción en que se reparten los recursos entre la Corte y el Consejo de la Magistratura, reduciendo la parte que corresponde a la CSJN, descansando en la idea de que el Consejo es administrado por el gobierno.
Tal como lo anticipara el PEN al momento de presionar a los magistrados en el debate por ganancias, sus intenciones sobre el sistema jubilatorio incluyen cambiar la edad del beneficio, aumentar los aportes y eliminar la ley especial. Todo subyugado al régimen general para disponer de más caja.
La obra social también está en la mira, sencillamente porque sus fondos son importantísimos y hoy están fuera del alcance del Ejecutivo. Por eso, evalúan pasarla al sistema general de obras sociales, pero estatal, sin participación del gremio.
¿Algo más? Ya que estamos, parece que derogarían la ley 26.183 para volver a ampliar la Corte. Otra vez mayoría de 5, en lugar de 3, con su consecuente paralización y vía libre para las tropelías del gobierno y sus socios.
¿Se puede ser tan burdo, tan irrespetuoso de la división de poderes y de la soberanía nacional? ¿Se puede ser tan servil? ¿Puede la ambición de unos pocos poner en jaque los derechos de todo el pueblo argentino? Evidentemente sí.
Por eso, nos declaramos en estado de ALERTA Y MOVILIZACIÓN. Hoy mismo, los y las compañeros/as de la Comisión Directiva Nacional nos haremos presentes en el Acuerdo de Ministros, en defensa de la independencia del poder judicial, nuestros derechos y los de nuestros compatriotas.
En efecto, se habla de eliminar el déficit fiscal a través de un congelamiento salarial del sector público y, en especial, de los sueldos judiciales. Mencionando como “privilegio” los ingresos de jueces, funcionarios y empleados. Proponiendo lisa y llanamente su reducción.
Respecto del presupuesto general del poder judicial, se proyecta su disminución. Pero también prevé la modificación del decreto que establece la proporción en que se reparten los recursos entre la Corte y el Consejo de la Magistratura, reduciendo la parte que corresponde a la CSJN, descansando en la idea de que el Consejo es administrado por el gobierno.
Tal como lo anticipara el PEN al momento de presionar a los magistrados en el debate por ganancias, sus intenciones sobre el sistema jubilatorio incluyen cambiar la edad del beneficio, aumentar los aportes y eliminar la ley especial. Todo subyugado al régimen general para disponer de más caja.
La obra social también está en la mira, sencillamente porque sus fondos son importantísimos y hoy están fuera del alcance del Ejecutivo. Por eso, evalúan pasarla al sistema general de obras sociales, pero estatal, sin participación del gremio.
¿Algo más? Ya que estamos, parece que derogarían la ley 26.183 para volver a ampliar la Corte. Otra vez mayoría de 5, en lugar de 3, con su consecuente paralización y vía libre para las tropelías del gobierno y sus socios.
¿Se puede ser tan burdo, tan irrespetuoso de la división de poderes y de la soberanía nacional? ¿Se puede ser tan servil? ¿Puede la ambición de unos pocos poner en jaque los derechos de todo el pueblo argentino? Evidentemente sí.
Por eso, nos declaramos en estado de ALERTA Y MOVILIZACIÓN. Hoy mismo, los y las compañeros/as de la Comisión Directiva Nacional nos haremos presentes en el Acuerdo de Ministros, en defensa de la independencia del poder judicial, nuestros derechos y los de nuestros compatriotas.
CUANDO LA PATRIA Y LA JUSTICIA ESTÁN EN PELIGRO TODO ESTÁ PERMITIDO, EXCEPTO NO DEFENDERLAS
Buenos Aires, 28 de mayo de 2019.
