Como es de público conocimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado una serie de fallos que darían sustento institucional al traspaso de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque dejan la resolución al ámbito legislativo.
Así, en uno de los fallos publicados el pasado jueves, interpreta los arts. 126 y 127 de la CN, estableciendo que la Ciudad posee las mismas atribuciones que el resto de las provincias. Si bien la sentencia trata sobre el acceso al recurso extraordinario federal -ley 48-, la definición de la CSJN resulta un avance respecto al status de la CABA y la posibilidad de contar con una justicia propia para poder aplicar leyes nacionales -atribución exclusiva de las provincias-, cuestión que desde la UEJN venimos rechazando por oponerse a la propia idea de sistema federal de gobierno integrado por provincias PREEXISTENTES.
El segundo caso modifica el sistema recursivo de la Justicia Nacional estableciendo que en disputas sobre competencia entre dicha justicia y la de la Ciudad Autónoma, será el Superior Tribunal de Justicia de la CABA quien las resuelva, empoderando a este tribunal como máximo órgano jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires por sobre las Cámaras Nacionales de Apelaciones y la Cámara Nacional de Casación Penal.
Los judiciales insistimos en que el traspaso es inconstitucional y que es impulsado por quienes buscan blindarse impunemente en las instituciones que manejan hace años. Para eso, hacen una interpretación unitaria de la CN, posicionando los intereses de la Ciudad por sobre los intereses nacionales.
El carácter nacional del fuero comercial, que regula la vida de todas las empresas radicadas en la Argentina, el impacto federal que tienen las definiciones de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero del trabajo sobre el conjunto de los trabajadores de nuestro país, son solo algunos de los fundamentos que nos convencen de seguir dando esta disputa que debe ser resuelta por el Congreso de la Nación, con los representantes de todas las provincias y no por la Corte Suprema ni la Legislatura Porteña.
Por este motivo, nos declaramos en ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN, advirtiendo a cualquier sector político que pretenda utilizar estos fallos para avanzar sobre nuestros derechos y el de los justiciables, que estamos dispuestos a llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias.
Buenos Aires, 8 de abril de 2019.
