El día jueves 7 de febrero, durante la primer jornada de paro y movilización prevista para esa semana, la Corte resolvió otorgar el 10% restante de la pauta salarial 2018 acordada con la Unión. Sin embargo, el cumplimiento fue parcial, dado que debió ser retroactivo al 1ro de enero y no a partir del 1ro de marzo como finalmente resultó establecido.
Fue por eso -sumado a la situación de ganancias y la emergencia judicial que atravesamos- que la Comisión Directiva Nacional decidió mantener la medida de fuerza el pasado viernes 8, que obtuvo masiva adhesión en todas las dependencias judiciales del país.
Y esto debe quedar muy claro en momentos en que mediáticamente se cuestiona cada paro que realizamos, reprochándosenos nuestra escala salarial y el no pago de ganancias. La toma de conciencia y valoración de nuestras condiciones jamás debe implicar resignación. Nadie puede poner en duda el compromiso de este gremio con la sociedad y tenemos miles de muestras de ello, desde actividades solidarias hasta nuestra incansable militancia por una patria justa, libre y soberana.
Pero además de lidiar con los embates externos, nos llegan críticas que plantean que la falta de cumplimiento del retroactivo a enero está relacionada con la ausencia de un convenio colectivo. Lo paradójico es que lo digan aquellos mismos que desde su apalancado nacimiento hace 7 años, vienen cerrando paritarias a la baja (bastante lejanas a nuestro 46,41%) y que el espacio político que representan rechazó en 2009 la posibilidad de que los judiciales nacionales tuviésemos por ley convenio colectivo (motivo por el cual la UEJN viene realizando reclamos ante los organismos internacionales, sin perjuicio de continuar presentando proyectos para su debate legislativo).
Otros dicen que la Corte debería afrontar el gasto con su fondo anticíclico -postura ombliguista y cortoplacista, además, que deja “tirados” a los ministerios públicos y al Consejo-. Le terminan dando la derecha al macrismo que cada vez que debate el tema salarial en la justicia, propone esa misma solución.
Estas planteos no hacen más que demostrar que no entienden el verdadero problema. Lo que acá se encuentra en jaque es la autarquía financiera. ¿O acaso se puede disponer de un aumento sin contar con los fondos para ello? ¿No se dan cuenta, compañeros, que de lo que se trata es de la independencia del poder judicial? Autarquía e independencia condicionada por el gobierno nacional y su política de ajuste.
En definitiva, más allá del importante paso que dimos, estamos frente a una de las crisis más grandes de la Argentina, y por tanto nuestra lucha requiere de unidad y compromiso. Fortalecer la organización es el único camino en la defensa de nuestros derechos.
Sin perder un día, hoy comienza la negociación por la pauta salarial 2019, con el pedido del 15% de aumento a marzo, como parte del primer tramo de este año.
Cada medida venidera debe dar muestras de la voluntad rotunda de los judiciales en la salvaguarda de nuestros derechos, el fortalecimiento de la autarquía y la independencia de la justicia.
Fue por eso -sumado a la situación de ganancias y la emergencia judicial que atravesamos- que la Comisión Directiva Nacional decidió mantener la medida de fuerza el pasado viernes 8, que obtuvo masiva adhesión en todas las dependencias judiciales del país.
Y esto debe quedar muy claro en momentos en que mediáticamente se cuestiona cada paro que realizamos, reprochándosenos nuestra escala salarial y el no pago de ganancias. La toma de conciencia y valoración de nuestras condiciones jamás debe implicar resignación. Nadie puede poner en duda el compromiso de este gremio con la sociedad y tenemos miles de muestras de ello, desde actividades solidarias hasta nuestra incansable militancia por una patria justa, libre y soberana.
Pero además de lidiar con los embates externos, nos llegan críticas que plantean que la falta de cumplimiento del retroactivo a enero está relacionada con la ausencia de un convenio colectivo. Lo paradójico es que lo digan aquellos mismos que desde su apalancado nacimiento hace 7 años, vienen cerrando paritarias a la baja (bastante lejanas a nuestro 46,41%) y que el espacio político que representan rechazó en 2009 la posibilidad de que los judiciales nacionales tuviésemos por ley convenio colectivo (motivo por el cual la UEJN viene realizando reclamos ante los organismos internacionales, sin perjuicio de continuar presentando proyectos para su debate legislativo).
Otros dicen que la Corte debería afrontar el gasto con su fondo anticíclico -postura ombliguista y cortoplacista, además, que deja “tirados” a los ministerios públicos y al Consejo-. Le terminan dando la derecha al macrismo que cada vez que debate el tema salarial en la justicia, propone esa misma solución.
Estas planteos no hacen más que demostrar que no entienden el verdadero problema. Lo que acá se encuentra en jaque es la autarquía financiera. ¿O acaso se puede disponer de un aumento sin contar con los fondos para ello? ¿No se dan cuenta, compañeros, que de lo que se trata es de la independencia del poder judicial? Autarquía e independencia condicionada por el gobierno nacional y su política de ajuste.
En definitiva, más allá del importante paso que dimos, estamos frente a una de las crisis más grandes de la Argentina, y por tanto nuestra lucha requiere de unidad y compromiso. Fortalecer la organización es el único camino en la defensa de nuestros derechos.
Sin perder un día, hoy comienza la negociación por la pauta salarial 2019, con el pedido del 15% de aumento a marzo, como parte del primer tramo de este año.
Cada medida venidera debe dar muestras de la voluntad rotunda de los judiciales en la salvaguarda de nuestros derechos, el fortalecimiento de la autarquía y la independencia de la justicia.
LA UNIÓN HACE LA FUERZA.
Buenos Aires, 11 de febrero de 2019.
COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL
