Desde que comenzó la pandemia, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación sostuvo la necesidad de no abrir las dependencias judiciales, a los efectos de salvaguardar la salud de todos/as los/as judiciales, así como también preservar la salud de los funcionarios/as, magistrados/as, letrados/as y, por supuesto, justiciables.
Como hemos señalado en reiteradas oportunidades, en relación a la pandemia de COVID 19,
si a los edificios precarios, faltos de higiene, ventilación y desinfección, espacios hacinados, accesos, escaleras y pasillos estrechos y condiciones de labor deficientes, le sumamos el caudal de personas que a diario transitan por las distintas dependencias, inevitablemente se sucederán los contagios, dando por tierra con el objetivo que se tuvo en miras al decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio.
En ese sentido, el escenario sigue siendo el mismo... y peor. La curva de contagios está en alza y el sistema sanitario llegando a su límite.
De ninguna forma podemos entender un levantamiento de feria como un regreso a la normalidad, porque tal normalidad no existe. Por el contrario, debemos evitar la circulación de magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as, a fin de evitar aglomeraciones en los tribunales y en la vía pública.
LA JUSTICIA FUNCIONÓ Y LO SEGUIRÁ HACIENDO. No desconozcamos que la mayoría de las tareas hoy día se pueden realizar por conexión remota. Más aún si tenemos en cuenta que la CSJN a través de la Acordada 12/20 dispuso aprobar el uso de la firma electrónica y digital y darle, de esa manera, validez a todos los actos celebrados en forma remota y en la Acordada 27/20 se dispuso la suspensión de plazos procesales hasta el 03/08/2020.
Por eso, tras la reunión conjunta con la CSJN, la UEJN, el CPACF y el Consejo de la Magistratura, se establecieron criterios rectores para el periodo que viene, que serán receptados por un nuevo protocolo. Hasta tanto dicha Acordada no sea publicada, debe evitarse cualquier convocatoria que exceda al mecanismo dispuesto hasta la fecha.
Resulta imperioso velar por la salud de todos/as los/as judiciales, como así también por sus familias y por la salud de los argentinos y argentinas en general.
NO SE TRATA DE SALUD O JUSTICIA.
ESA FALSA ANTINOMIA ES LA QUE NOS HACE FRACASAR Y NOS DIVIDE.
Buenos Aires, 24 de Julio de 2020.