La efectivización solicitada, cobra vital trascendencia en los recientes acontecimientos sucedidos en el día de ayer, en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, del Honorable Congreso de la Nación, la que votó positivamente la emisión de un dictamen de mayoría, declarando la invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia 256/2015 y 102/2017, que fueran el origen de la transferencia de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación (DICOM), a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No podemos soslayar que este gesto legislativo desarrollado en medio de una pandemia es una nueva afrenta al Poder Judicial, y en particular, a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo que públicamente se desconoce si fue llamada en consulta a opinar, teniendo en consideración el volumen de agentes que conforman la dirección, la ìndole de las tareas complejas que han ido asumiendo por las nuevas funciones que le fueron conferidas a tal Dirección y la delicada continuidad en la prestación del servicio, cuyo aseguramiento debe estar resguardado.
Como dijéramos en otras oportunidades, los empleados y funcionarios de la DAJUDECO se han capacitado en materia criminal vinculada a la investigación del delito organizado, y ostentan una formación específica y una experiencia, cuyo valor no puede ser desechado por el Poder Judicial.