En las últimas horas del día de ayer, martes 18 de febrero, la U.E.J.N. presentó, con la firma del Diputado Nacional José Ramón, un proyecto de reforma de la ley 24.018 claramente superador, ya que abarca a la totalidad de trabajadores y trabajadoras de la justicia.
Porque estamos convencidos que la solidaridad que la etapa demanda, en modo alguno puede ser un justificativo para cercenar derechos, mucho menos de la manera elitista, regresiva y carente de perspectiva de género (al excluir sin más a las categorías mayormente desempeñadas por mujeres), como lo hace el proyecto presentado la semana pasada por el oficialismo.
El corazón de nuestro proyecto es dotar de igualdad y sustentabilidad al sistema, a través de la inclusión de la totalidad de agentes del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Público al régimen de la ley 24.018, multiplicando exponencialmente el ingreso de aportantes adicionales al sistema, de modo tal de contribuir al financiamiento de las jubilaciones que se pagan en la actualidad.
Las y los empleados judiciales conformamos más del 80% del personal que desarrolla funciones en el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos (alrededor de 22.200 agentes de los 30.150 que prestan servicio en dependencias nacionales y federales). Somos la columna vertebral del Poder Judicial. Las labores que desarrollamos, la responsabilidad y naturaleza de dichas tareas y la imposición de la dedicación exclusiva –no pudiendo acceder a otro trabajo en forma simultánea, habilitación comercial o ejercer la profesión de forma liberal-, y el esfuerzo personal que volcamos en forma cotidiana, en un Poder Judicial que se encuentra en EMERGENCIA.
Sabemos que la sustentabilidad del sistema requiere, no sólo del aumento de la base de aportantes, sino que también será necesario adecuar además dos variables fundamentales: la edad jubilatoria -de 60 a 65 años-, y el porcentual del aporte, del 11% o 12% -según se trate de empleados, funcionarios o magistrados- al 15% para todas las categorías. Como se explica en los fundamentos del proyecto, las y los agentes que ingresan a trabajar al Poder Judicial, lo hacen mayormente –más del 50%- dentro de la franja etaria que oscila entre los 18 y los 25 años. Es decir que realizamos toda nuestra carrera dentro de la justicia, contando con mayor cantidad de aportes –promedio de 40 años- al momento de solicitar el beneficio jubilatorio, excediendo ampliamente incluso los años de haberes exigidos por ley.
Hacer lugar a la inclusión de las y los empleados del Poder Judicial y los Ministerios Públicos en la ley 24.018, constituye un acto de estricta justicia.
Porque los derechos son derechos y no privilegios, la U.E.J.N. los defiende.
Porque estamos convencidos que la solidaridad que la etapa demanda, en modo alguno puede ser un justificativo para cercenar derechos, mucho menos de la manera elitista, regresiva y carente de perspectiva de género (al excluir sin más a las categorías mayormente desempeñadas por mujeres), como lo hace el proyecto presentado la semana pasada por el oficialismo.
El corazón de nuestro proyecto es dotar de igualdad y sustentabilidad al sistema, a través de la inclusión de la totalidad de agentes del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Público al régimen de la ley 24.018, multiplicando exponencialmente el ingreso de aportantes adicionales al sistema, de modo tal de contribuir al financiamiento de las jubilaciones que se pagan en la actualidad.
Las y los empleados judiciales conformamos más del 80% del personal que desarrolla funciones en el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos (alrededor de 22.200 agentes de los 30.150 que prestan servicio en dependencias nacionales y federales). Somos la columna vertebral del Poder Judicial. Las labores que desarrollamos, la responsabilidad y naturaleza de dichas tareas y la imposición de la dedicación exclusiva –no pudiendo acceder a otro trabajo en forma simultánea, habilitación comercial o ejercer la profesión de forma liberal-, y el esfuerzo personal que volcamos en forma cotidiana, en un Poder Judicial que se encuentra en EMERGENCIA.
Sabemos que la sustentabilidad del sistema requiere, no sólo del aumento de la base de aportantes, sino que también será necesario adecuar además dos variables fundamentales: la edad jubilatoria -de 60 a 65 años-, y el porcentual del aporte, del 11% o 12% -según se trate de empleados, funcionarios o magistrados- al 15% para todas las categorías. Como se explica en los fundamentos del proyecto, las y los agentes que ingresan a trabajar al Poder Judicial, lo hacen mayormente –más del 50%- dentro de la franja etaria que oscila entre los 18 y los 25 años. Es decir que realizamos toda nuestra carrera dentro de la justicia, contando con mayor cantidad de aportes –promedio de 40 años- al momento de solicitar el beneficio jubilatorio, excediendo ampliamente incluso los años de haberes exigidos por ley.
Hacer lugar a la inclusión de las y los empleados del Poder Judicial y los Ministerios Públicos en la ley 24.018, constituye un acto de estricta justicia.
Porque los derechos son derechos y no privilegios, la U.E.J.N. los defiende.
FIELES A NUESTRA HISTORIA, PELEAREMOS POR UNA ARGENTINA JUSTA, LIBRE Y SOBERANA.
PASADO Y PRESENTE DE LUCHA, FUTURO DE JUSTICIA.
PASADO Y PRESENTE DE LUCHA, FUTURO DE JUSTICIA.