En reunión Plenaria de hoy, los Consejeros incorporaron sobre tablas la votación de un dictamen públicamente desconocido para el pago de ganancias. Con la intención de evitarse la crítica generalizada de empleados, funcionarios y magistrados afectados, se constituyeron rápidamente en Comisión y luego en Plenario, para aprobar por unanimidad el pago de ganancias que incluye ilegalmente a los secretarios de carrera, abriendo la puerta al fin de la carrera judicial.
Si bien representa un avance para todos los trabajadores que ingresaron con posterioridad al 2017, porque reglamenta los rubros exentos y deducidos, genera un gran daño cuando incorpora a los secretarios que concursan para magistrados. Esta definición, socava la carrera y posibilita peligrosas interpretaciones que a futuro puedan hacerse en ese sentido. De hecho, en la Justicia de la Ciudad ya circulan proyectos que avanzan sobre supuestos para nada previstos en la ley.
La UEJN, ante un escenario de antemano adverso en aquel Cuerpo por su mayoría PRO-UCR-Asociación de Magistrados, anticipó su decisión de recurrir ante la justicia tal extralimitación en las facultades del Consejo. Porque las leyes las sanciona el Legislativo, las interpreta el Poder Judicial en su faceta jurisdiccional y la administración de este último, solo puede reglamentar. Decir cuáles son los sujetos alcanzados por una norma impositiva NO es facultad del Consejo, sino del Poder Legislativo. Y la norma es clara: ingresantes a partir de 2017.
Si la justicia, que es el último recurso de la ciudadanía para lograr el respeto de sus derechos violentados se deja avasallar, difícilmente pueda brindar justicia a la comunidad que asiste a sus estrados a reclamarla.
En estas épocas de tremenda desigualdad, de enriquecimiento descontrolado de unos pocos en la timba financiera, de endeudamiento para saldar déficit y de ajuste para pagar endeudamiento, hubiésemos necesitado una Justicia que se pusiera firme, que no se dejara presionar. Hoy, el Consejo de la Magistratura cedió ante el Poder Ejecutivo, mellando la independencia del Poder Judicial. La actitud de esconder el tratamiento del tema para evitar tomar su decisión de cara a la comunidad judicial es un pésimo síntoma respecto de su vocación democrática.
Los trabajadores judiciales sostenemos: el salario no es ganancia. Hay derechos adquiridos que deben ser respetados y en ese camino acompañaremos desde la Unión a los afectados.
Siempre que podamos alzar nuestra voz, siempre que sepamos reconocer la injusticia (algo en lo que trabajamos a diario) y siempre y cuando la denunciemos, podremos caminar hacia la justicia social.
La única lucha que se pierde, es la que se abandona.
Si bien representa un avance para todos los trabajadores que ingresaron con posterioridad al 2017, porque reglamenta los rubros exentos y deducidos, genera un gran daño cuando incorpora a los secretarios que concursan para magistrados. Esta definición, socava la carrera y posibilita peligrosas interpretaciones que a futuro puedan hacerse en ese sentido. De hecho, en la Justicia de la Ciudad ya circulan proyectos que avanzan sobre supuestos para nada previstos en la ley.
La UEJN, ante un escenario de antemano adverso en aquel Cuerpo por su mayoría PRO-UCR-Asociación de Magistrados, anticipó su decisión de recurrir ante la justicia tal extralimitación en las facultades del Consejo. Porque las leyes las sanciona el Legislativo, las interpreta el Poder Judicial en su faceta jurisdiccional y la administración de este último, solo puede reglamentar. Decir cuáles son los sujetos alcanzados por una norma impositiva NO es facultad del Consejo, sino del Poder Legislativo. Y la norma es clara: ingresantes a partir de 2017.
Si la justicia, que es el último recurso de la ciudadanía para lograr el respeto de sus derechos violentados se deja avasallar, difícilmente pueda brindar justicia a la comunidad que asiste a sus estrados a reclamarla.
En estas épocas de tremenda desigualdad, de enriquecimiento descontrolado de unos pocos en la timba financiera, de endeudamiento para saldar déficit y de ajuste para pagar endeudamiento, hubiésemos necesitado una Justicia que se pusiera firme, que no se dejara presionar. Hoy, el Consejo de la Magistratura cedió ante el Poder Ejecutivo, mellando la independencia del Poder Judicial. La actitud de esconder el tratamiento del tema para evitar tomar su decisión de cara a la comunidad judicial es un pésimo síntoma respecto de su vocación democrática.
Los trabajadores judiciales sostenemos: el salario no es ganancia. Hay derechos adquiridos que deben ser respetados y en ese camino acompañaremos desde la Unión a los afectados.
Siempre que podamos alzar nuestra voz, siempre que sepamos reconocer la injusticia (algo en lo que trabajamos a diario) y siempre y cuando la denunciemos, podremos caminar hacia la justicia social.
La única lucha que se pierde, es la que se abandona.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2019.
