Nuestro gremi denunció a través de un documento un "intento del gobierno nacional de avanzar sobre la independencia de uno de los tres poderes del Estado y la colonización de los estrados judiciales".
La intención del Gobierno es la influencia en el manejo de la Justicia.
El plan económico apunta a reducir los costos laborales y a aumentar el desempleo como factor de disciplinamiento social. Para eso, hace falta una justicia dócil que dé la espalda al derecho protectorio del trabajo y se ponga al servicio de los sectores más concentrados del capital.
La comisión interna del fuero laboral de la UEJN también manifestó su "rechazo al pedido de juicio político por parte del Ministerio de Trabajo hacia dos camaristas por haber fallado conforme a derecho pero en contra de los intereses del Poder Ejecutivo".
Se trata de los jueces laborales Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, a quienes la cartera de Jorge Triaca les pidió el juicio político por haber avalado la paritaria bancaria.
No sólo nuestros derechos adquiridos como judiciales están en riesgo sino los de todos los trabajadores del país.
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