Con motivo de la Emergencia Sanitaria que atraviesa nuestro país -declarada por el Gobierno Nacional mediante el DNU 260/2020-, consecuencia de la vertiginosa y sostenida propagación del coronavirus (Covid-19) -declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia-, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación solicita urgente se decrete feria judicial por el lapso de 15 días hábiles, es decir, hasta el 13 de abril de 2020.
No es un tema para tomarse a la ligera. La mayoría de las dependencias judiciales no cuenta con los mínimos elementos de higiene. Hablamos de varias personas que deben desempeñarse juntas, en espacios reducidos -incluso hasta sin ventilación-. Ambientes propicios para el contagio y propagación del virus, donde los aseos resultan insuficientes, sin productos desinfectantes como lavandina. Desprovisión de papel higiénico, jabón líquido o alcohol en gel. Faltantes que generan alarma y desnudan una emergencia que pone en riesgo la salud y la vida de las y los judiciales, abogados/as, justiciables y público en general.
De persona a persona por contacto cercano con alguien infectado con el virus,
a través de secreciones respiratorias y por contacto con superficies contaminadas.
Asistimos nuevamente a un intento de “linchamiento” de la Justicia por parte de altos funcionarios del gobierno anterior. Esta vez, la destinataria del embate mediático fue la Fiscal Gabriela Boquín a raíz de su actuación jurisdiccional en el caso Correo Argentino, mediante un comunicado emitido por un Diputado Nacional miembro actual del Consejo de la Magistratura, un ex Ministro de Justicia, y un ex Senador, todos ellos pertenecientes al bloque Cambiemos.
En tan solo dos jornadas de tratamiento legislativo sobre la reforma del sistema de jubilaciones de la justicia, ha circulado tanta información errónea, inchequeable y maliciosa, que recibimos una catarata de consultas respecto del proyecto que obtuviera media sanción ayer en Diputados.
Previo a cualquier otro asunto, vamos a reiterar: PARA NOSOTROS/AS LOS DERECHOS NO SON PRIVILEGIOS, LA JUBILACIÓN DEBE SER IGUALITARIA PARA TODOS/AS LOS/AS JUDICIALES.
Esta consigna, mal que le pese al pseudo sindicalismo amarillo y arribista, es una bandera histórica de nuestra organización gremial.