Llegó a nuestro conocimiento que el “gran acuerdo” que trabaja el gobierno para intentar complacer las apetencias del FMI, incluye puntos generales vinculados a la justicia que son de extrema sensibilidad en su contenido real.

En efecto, se habla de eliminar el déficit fiscal a través de un congelamiento salarial del sector público y, en especial, de los sueldos judiciales. Mencionando como “privilegio” los ingresos de jueces, funcionarios y empleados. Proponiendo lisa y llanamente su reducción.